28 de Julio, 2017
Radio Mercosur
América

SITUACIÓN DE VENEZUELA PREOCUPA A GRAN PARTE DEL MUNDO

La embestida de Maduro acumula rechazos: la ONU sale en defensa de la fiscal general

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El organismo señaló que Ortega, acusada de insania mental por el chavismo, es garante de los derechos humanos; apoyo de seis países de la región
 
CARACAS.- "Muy preocupante." La ONU ha dado su voz de alarma tras comprobar cómo el gobierno de Nicolás Maduro arremete con todos sus superpoderes contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega. El mismo adjetivo, con énfasis, que el organismo internacional emplea para describir "la actual violencia en el país", que ayer se cobró la vida de tres jóvenes más, lo que eleva la cifra oficial de muertos hasta 85 en 91 días de protestas.
 
"Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribuanl Supremo de Justicia parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades (a la fiscal)", detalla Rupert Colville, vocero de la ONU para derechos humanos, tras conocer que las cuentas y bienes de Ortega fueron embargados, además de dictaminar su prohibición de salida del país.
 
"La fiscal general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad de celebrar juicios debidamente y pidiendo la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria", explicó Colville, a quien se le unió Diego García Sayán, relator especial de la ONU, que instó al TSJ a reconsiderar sus decisiones.
 
A la voz de Naciones Unidas se unieron las de seis países sudamericanos, cuyos ministerios públicos rechazaron el proceso para destituir a la fiscal y consideraron "imperioso que se respete la autonomía e independencia". El comunicado está firmado por los colegas de Ortega en Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y la Argentina, que también denunciaron presiones, actos intimidatorios, hostigamiento, persecución y amenazas contra la fiscal y su familia. Ortega también ha solicitado medidas cautelares para sus colaboradores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
El funcionario de Naciones Unidas no se equivocaba en su diagnóstico: el TSJ ha programado para el martes la audiencia en la que decidirá si abre juicio a la fiscal rebelde. 
 
Además también tramita otro procedimiento, exigido por el oficialismo, para destituirla por "insania mental".
 
El madurismo ha decidido acelerar los trámites para apartar a la jefa del Ministerio Público, al tanto de que la estrecha colaboradora de Hugo Chávez iba a proseguir su desafío a la revolución. Un pulso que se atreve incluso con las cloacas del Estado: la fiscalía ha imputado al mayor Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por cometer "graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos". Este militar es considerado muy cercano al diputado Diosdado Cabello, líder del ala radical de la revolución.
 
De esta forma, González López se convierte en el segundo militar señalado por la fiscal, tras el ex comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides.
 
El Sebin funciona en Venezuela como un Estado dentro del Estado, deteniendo de forma ilegítima, allanando de forma ilegal y, sobre todo, negándose a liberar a detenidos pese a las cartas de libertad firmadas por los jueces de sus casos.
 
Los fuertes señalamientos de la ONU contra los abusos del Estado se hicieron públicos antes de que el país y el mundo presenciaran, a través de los videos grabados por ciudadanos, cómo colectivos revolucionarios, a bordo de camionetas, se movían como si fueran escuadrones de la muerte en Barquisimeto, capital del estado de Lara, en el centro del país. "Grupos paramilitares desatados pretenden imponer el terror con las armas para silenciar el descontento", denunció Henri Falcón, gobernador del estado.
 
En Barquisimeto fueron asesinados Roberto Morillo, de 28 años, tras recibir un impacto en el pecho durante la represión de las fuerzas gubernamentales, y Fernando Rojas, 
 
herido en el abdomen. Una parte de su familia de Morillo pertenece a la policía científica, al igual que el comisario Oscar Pérez, el piloto del helicóptero que atacó el Tribunal Supremo. En Mérida falleció Eduardo Márquez, de 20 años, tras agonizar durante dos semanas.
 
Imágenes igual de impactantes a las producidas el jueves en Caracas, cuando un contingente de la Policía Nacional Bolivariana detuvo a una treintena de universitarios, presentes en la marcha de la oposición. Los jóvenes fueron introducidos a la fuerza en un camión cava, sin ventanillas ni ventilación, que en Venezuela se emplea para el transporte de productos. Además, antes de cerrar las puertas del vehículo, los agentes permitieron que gases lacrimógenos entrasen en su interior.
 
Una parte de los estudiantes permanecía ayer en la sede del Helicoide, precisamente donde el Sebin mantiene de forma ilegal a sus "prisioneros".
 
La oposición planifica nuevas protestas.
 
La oposición venezolana anunció ayer que pondrá en marcha una nueva fase de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, amparada en dos artículos de la Constitución, cuando están por cumplirse tres meses del inicio de las manifestaciones.
 
La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) dijo que el objetivo de la nueva etapa es rechazar la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, que convocó Maduro para reformar la Carta Magna. La votación se realizará el 30 de julio, aunque la oposición la rechazó, al calificarla de fraudulenta.
 
La dirigente opositora María Corina Machado dijo que la nueva fase de movilización estará avalada por los artículos 333 y 350 de la Constitución, que señalan que el texto no perderá vigencia en caso de que fuera derogada por acto de fuerza.
 
 
Fuente: La Nación - Buenos Aires - Daniel Lozano - 01-07-2017
 
EFE - PUBLICADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

La ONU calificó de “profundamente preocupante” el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, la prohibición impuesta a la misma de salir del país y la congelación de sus activos, al igual que la anulación de la designación del vicefiscal Rafael González.
 
“La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela del 28 de junio de comenzar los procedimientos para la remoción de la fiscal general, congelar sus activos y prohibirla salir del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada violencia” en la nación suramericana, dijo el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Rupert Colville.
 
“También nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del vicefiscal general y de designar en su lugar a un  "numero dos" temporal, en violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana”, afirmó.
 
Igualmente denunció la ONU la decisión de la Sala de asignar algunas de las funciones exclusivas de la fiscal general hasta ahora al defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.
 
“Desde marzo, la fiscal general ha tomado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentar las muertes durante la ola de protestas, insistir en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y ha apelado a la liberación inmediata de las personas que han sido arbitrariamente detenidas”, recalcó Colville.
 
La ONU señaló que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “parecen vaciar” la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana y “socavar la independencia” de la fiscal.
 
“El cese de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no socavan la independencia y la actividad imparcial de sus funciones”, subrayó el portavoz. Colville recalcó que, acorde a las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, los países deben garantizar que estos profesionales puedan ejercer su labor “sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras”.
 
La Oficina para los Derechos Humanos de la ONU igualmente subrayó que en medio de la crisis política, económica y social de Venezuela han fallecido 75 personas y 1.419 han sido heridas en las protestas de la oposición contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
 
Más recientemente, agregó, han sido asesinados presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad tres jóvenes manifestantes, dos por armas de fuego y uno por un bote de gas lanzado directamente hacia él por un policía.
 
Además, sostuvo el portavoz, hay cada vez más informaciones que apuntan a que fuerzas de seguridad registran edificios residenciales, llevan a cabo búsquedas sin ordenes judiciales y detienen a personas, “supuestamente con la intención de impedir a la gente participar en las protestas y buscar afines a la oposición”.
 
“Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a respetar la Constitución y el Estado de derecho, e instamos al Gobierno a asegurar que los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión sean garantizados”, enfatizó Colville.
 
“Urgimos también a todas las personas en Venezuela a emplear solamente medios pacíficos para hacer escuchar sus voces, e instamos a todas las partes a renunciar a la violencia y al acoso de oponentes”, subrayó.
 
 
EE UU busca que Europa se sume a las sanciones a Venezuela
 
Washington quiere apoyarse en la relación entre Madrid y Caracas para que la UE se una a su programa. Estados Unidos ha iniciado una ronda de contactos con sus aliados europeos para intentar que la Unión Europea se sume al programa de sanciones contra Venezuela. Así lo confirmó este viernes el director de la oficina encargada de la implementación de la política de sanciones del Departamento de Estado, Tarek Fahmy, de visita en Madrid.
 
“La Administración de Estados Unidos observa con creciente preocupación el deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en Venezuela”, apuntó Fahmy. 
 
Washington quiere apoyarse en la “relación especial entre España y Venezuela” para intentar que la UE se sume de alguna forma a su programa.
 
“Cuando actuamos solos, solamente podemos actuar bajo nuestra jurisdicción, pero si las sanciones están apoyadas por socios, son más efectivas”, explicó en un encuentro con periodistas, donde recordó que Bruselas no mantiene ningún tipo de sanciones sobre el país caribeño.
 
EE UU ha actuado contra una veintena de personas y entidades venezolanas, entre ellas ocho miembros del Tribunal Supremo, a los que ha congelado sus bienes y les ha prohibido su entrada en aquel país. “No queremos hacer daño al pueblo venezolano”, insistió Fahmy. Pese a la retórica diplomática, Washington evita a toda costa que la condena al régimen de Nicolás Maduro afecte a sus estrechas relaciones económicas. EE UU es el primer comprador de petróleo venezolano y Goldman Sachs acordó recientemente la compra de bonos de la petrolera estatal Pdvsa por 865 millones de dólares (758 millones de euros), una operación que alivió los problemas de liquidez del régimen.
 
Fuente: EL PAIS - Madrid - ALICIA GONZÁLEZ
 
 
Washington quiere apoyarse en la relación entre Madrid y Caracas para que la UE se una a su programa
 
Estados Unidos ha iniciado una ronda de contactos con sus aliados europeos para intentar que la Unión Europea se sume al programa de sanciones contra Venezuela. Así lo confirmó este viernes el director de la oficina encargada de la implementación de la política de sanciones del Departamento de Estado, Tarek Fahmy, de visita en Madrid.
 
“La Administración de Estados Unidos observa con creciente preocupación el deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en Venezuela”, apuntó Fahmy. Washington quiere apoyarse en la “relación especial entre España y Venezuela” para intentar que la UE se sume de alguna forma a su programa.
 
“Cuando actuamos solos, solamente podemos actuar bajo nuestra jurisdicción, pero si las sanciones están apoyadas por socios, son más efectivas”, explicó en un encuentro con periodistas, donde recordó que Bruselas no mantiene ningún tipo de sanciones sobre el país caribeño.
 
EE UU ha actuado contra una veintena de personas y entidades venezolanas, entre ellas ocho miembros del Tribunal Supremo, a los que ha congelado sus bienes y les ha prohibido su entrada en aquel país. “No queremos hacer daño al pueblo venezolano”, insistió Fahmy. Pese a la retórica diplomática, Washington evita a toda costa que la condena al régimen de Nicolás Maduro afecte a sus estrechas relaciones económicas. EE UU es el primer comprador de petróleo venezolano y Goldman Sachs acordó recientemente la compra de bonos de la petrolera estatal Pdvsa por 865 millones de dólares (758 millones de euros), una operación que alivió los problemas de liquidez del régimen.
 
Fuente: EL PAIS - Madrid - ALICIA GONZÁLEZ
 
 
El régimen prohíbe salir de Venezuela a la fiscal general, Luisa Ortega
 
También se han congelado las cuentas de la alta magistrada y se le impide que venda o grave sus propiedades. La audiencia en su contra se celebrará el 4 de julio. Cada decisión del Tribunal Supremo de Justicia incrementa la tensión en Venezuela. El blanco favorito de las últimas semanas es la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La abierta guerra entre la máxima representante del Ministerio Público y los magistrados que interpretan la Constitución mantiene al país pendiente de la evolución de un conflicto que está llegando al clímax. La Sala Constitucional ha decidido impedirle a Ortega Díaz que viaje fuera del país, congelar sus cuentas e impedirle que venda o grave sus propiedades mientras decide si hay méritos para enjuiciarla. La audiencia será el próximo 4 de julio.
 
La decisión es una respuesta a la demanda introducida hace dos semanas por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Pedro Carreño. El régimen busca anular a Ortega Díaz, convertida en la voz de la deriva crítica del chavismo, porque su deserción le ha dado además mucho brío a la insurrección popular que desde hace casi tres meses mantiene en jaque al presidente Nicolás Maduro. Carreño aseguró en su escrito que la fiscal podría haber cometido “faltas graves en el ejercicio de su cargo”.
 
A la jerarquía oficialista no le ha sentado nada bien la independencia exhibida por Ortega. En un lance que evoca las purgas de las satrapías comunistas del siglo XX, Carreño ha afirmado que en las actuaciones de la máxima autoridad del Ministerio Público “hay sobradas manifestaciones de insania mental”. “Con esa conducta, con esa patología recurrente, el Supremo debería impedir que esa señora lleve a la República a daños mayores”, aseguró a principios de junio antes de presentar el recurso.
 
La decisión completa la maniobra iniciada el martes en la noche cuando el Supremo anuló la designación del vice fiscal general y decidió que nombraría al número dos del Ministerio Público. Con el férreo control que mantiene el régimen luce más que probable que la Sala Plena destituya a la fiscal y le permita al régimen volver a controlar el Ministerio Público. La independencia de Ortega Díaz ha provocado que se estén ventilando en la jurisdicción militar los juicios de algunas personas detenidas durante las actuales protestas.
 
Entretanto, el vicepresidente Tareck El Aissami anunció que el helicóptero desde el que dispararon el martes contra las sedes del Supremo y del Ministerio del Interior apareció en una zona montañosa del litoral central de Venezuela, en el margen sur del Caribe. Aún el piloto Oscar Pérez continúa desaparecido.
 
Aragua - Nicolás Maduro Hugo Chávez Leopoldo López Tribunal Superior de Justicia Agence France-Presse Fiscalía Magistratura Constitución Campañas Políticas Juicios Penas
 
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una veterana chavista que sacudió al país al volverse férrea opositora del presidente Nicolás Maduro, está acorralada: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidirá el martes si la somete a juicio.
 
El TSJ no sólo evaluará si la enjuicia -algo que podría llevar a su destitución-, sino que, como medida cautelar, le prohíbe salir del país y le ha congelado sus cuentas y bienes, según ha informado el tribunal a través de un comunicado.
 
La decisión se produce luego de que la fiscal emprendiera una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, a quienes solicitó remover afirmando que ella nunca aprobó su designación -como exige la ley- en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.
 
"Ruptura del orden" 
 
Hace tres meses, esta abogada de 59 años, sorprendió al país al denunciar la "ruptura del orden constitucional" por dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Fue el inicio de su divorcio con el gobierno. "Los derechos humanos en mi país están en peligro", sentenció. 
 
El diputado chavista Germán Ferrer, con quien se casó hace 18 años, la describe como "una persona con mucho temple, valiente y honesta". "Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores. Ella es la garante de la legalidad en el país, está cumpliendo con su deber", ha afirmado a la agencia AFP. 
 
Ortega aseguró este miércoles que el gobierno ha impuesto un "terrorismo de Estado" a través de las sentencias del TSJ y las acciones represivas contra las protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro y ya han dejado 79 muertos.
 
Aunque todas sus acciones legales han sido desestimadas, ha ido ganando apoyos en el chavismo crítico al gobierno y en la oposición. Calificada de "traidora" por el oficialismo, la funcionaria, a quien Maduro llama "líder de la oposición", siempre ha sido de izquierda. Fue cercana a Chávez desde su campaña presidencial en 1998, cuando trabajaba como abogada en el estado Aragua (norte), y en 2002 fue nombrada fiscal por Caracas.
 
Imputó a dos policías 
 
Con el aval de Chávez, asumió como fiscal general en 2007 para un periodo de siete años y en 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo.
 
Aunque su gestión concluye en 2021, funcionarios de gobierno ya le pusieron fecha a su destitución: el 30 de julio, cuando se elegirá la Asamblea Constituyente, un "suprapoder" que estará controlado por el oficialismo, pues la oposición no participa.
 
Ortega es recordada por imputar a los policías que la justicia condenó por el golpe de Estado a Chávez en 2002, pero también por impulsar la condena a casi 14 años de prisión que cumple el líder opositor Leopoldo López desde 2014, acusado de incitar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos.
 
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, la definió como "una mujer afable y respetuosa", si bien cree que "en el caso de Leopoldo la Fiscalía actúo de forma muy irregular".
 

Fuentes: El País - España - Agencias internacionales -Redacción