LA CRUEL PERSECUCIÓN DE LOS MAPUCHES EN ARGENTINA Y CHILE

 

“La nación mapuche es enemigo declarado por parte del Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia fascista Bullrich, al ser un problema real para las inversiones Capitalistas y las Oligarquías en los dos países neoliberales y colonialistas”, indicó el referente indígena en un comunicado. “Continuaremos profundizando la conciencia y el accionar hasta expulsar a las represas de Pilmaiken y a Benetton de Curamapu, para luego avanzar hasta nuestra liberación total en todo el wallmapu (…) escuchen el llamado de nuestros espíritus y salgan a combatir ahora”, agregó.

 

Huala fue retenido el martes pasado por personal de Gendarmería cuando viajaba con sus familiares por la ruta 40 a la altura de Río Chico, cerca de El Bolsón. De inmediato fue trasladado a dependencias de la fuerza en Bariloche.

 

En septiembre de 2016, el juez federal de Chubut, Guido Otranto determinó la nulidad de los cargos con los cuales se fundamentaba un pedido de extradición de parte de la Justicia chilena. Sin embargo, todo indica que Villanueva revisará el dictamen de su par y podría ordenar que Huala termine siendo juzgado por los trasandinos.

 

La figura de Huala se ha convertido en un complejo problema diplomático para los estados de la Argentina y Chile. En la reciente visita del presidente Mauricio Macri a Santiago, su nombre integró la agenda bilateral que trataron con la presidenta Michelle Bachelet. Tal como reveló Clarín, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj discutió con su par chilena, Lorena Fries, acerca de dos casos puntuales: el del lonko y el del ex guerrillero Galvarino Apablaza, acusado de asesinar al senador Jaime Gúzman en 1991. Sobre Apablaza pesa un pedido extradición pero en 2010 recibió el asilo como refugiado político de parte del gobierno de Cristina Kirchner.

 

El gobierno de Bachelet pretende extirpar a los grupos radicalizados mapuches del sur de Chile. En el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich tampoco desean que el aura de Huala siga agrandándose en el sur.

 

Según la justicia chilena el lonko participó en 2013 del incendio a la casa de los cuidadores del fundo Pisú Pisué de 307 hectáreas, propiedad de Joaquín Biewer Meller. En 2013 Huala estuvo en prisión preventiva más de un mes en la Cárcel Concesionada de Valdivia, en la que también inició una huelga de hambre. Poco después fue liberado y cruzó la frontera del mismo modo en que entró, a pie. Desde entonces se mantenía un pedido de captura internacional que fue anulado por el juez Otranto. Otras cuatro personas fueron procesadas en 2014 por los mismos hechos, pero tres de los acusados resultaron absueltos y solo condenó a la joven machi Millaray Virginia Huichalaf Pradines, por encubrimiento a 61 un días de prisión. Huala no estuvo presente en el juicio pero la Fiscalía de Río Bueno pidió para él: “12 años de cárcel como autor de incendio + 5 años por dos infracciones a la ley de Armas + 541 días por el ingreso clandestino a Chile”.

 

El fundo Pisú Pisué es hoy parte de una feroz discusión que involucra a la comunidad mapuches, el Estado chileno y un grupo de privados. La comunidad indígena no reconoce a Biewer Meller como legítimo propietario del campo por lo que sus miembros han realizado numerosas ocupaciones. En una de las últimas fueron desalojados por 40 efectivos policiales. El incendió representó el punto más duro del conflicto. El reclamo contra Biewer Meller, quien es accionista del famoso complejo hotelero Termas del Puyehue y miembro de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO AG), es la punta del iceberg de una meta superior. Diez troncos familiares huilliche-mapuche, que representan a 500 familias, reclaman 10 mil hectáreas en una de las zonas más codiciadas de la Región de los Ríos. Se trata de un territorio con una valuación de unos US$ 400 millones y sobre los cuales los mapuches aun mantiene litigios.

 

“Esto se transformó en una cuestión de Estado, no es sólo el caso de un líder mapuche que no debería estar bajo detención”, explicó el abogado Carlos González Quintana, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). González Quintana presentó aun Habeas Corpus por la liberación de Huala que fue rechazado.

 

 

 

Fuente: Clarin - Claudio Andrada

 

 

“No era complicado pero ha sido complicado por la propia Justicia. Hablamos de una persona que está siendo juzgada por segunda vez. Ya hubo un juicio, pruebas, testigos y el juez Otranto determinó nulo el proceso porque no podía seguir adelante tomando en cuenta las aberraciones de las que tomó conocimiento. Hubo información que fue sacada bajo tortura, por ejemplo”, indicó a este diario la abogada de Huala, Sonia Ivanoff. “Nos parece bien que el caso Huala esté en la agenda presidencial pero no para transformarlo en un enemigo interno. Todo esto tomó otro rum bo cuando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich convirtió el tema mapuche en un problema de seguridad nacional”, agregó.

 

 

 

Mario Das Neves criticó con dureza a la Justicia de Chubut: "Tenemos jueces cagones"

Rawson 13-1-17 Das Neves responsabilizó a un juez federalsobre los hechos de la desocupación mapuche Hace unas semanas dejó en libertad al líder resistencia que es buscado por Interpol Dijo el “fue puesto Cámpora entre gallos y medianoche” “no tiene nada ver con nuestra provincia”.Foto Daniel Feldman rawson chubut mario das neves gobernador de chubut politico argentino nota entrevista reportaje

 

 

Fuente: Clarin - Carlos Guajardo

 

 

 

“Quiero que quede bien en claro que tenemos una Justicia indigna, con jueces sinvergûenzas y cagones. Quiero ser muy duro y no me quiero ahorrar calificativos porque hace apenas 24 horas acaban de velar y enterrar a este hombre, y no puede ser que dejen libres a los que se robaron las cámaras de seguridad”, sentenció Das Neves al diario La Jornada.

 

Los liberados son Claudio Huilipan, de 29 años, y Jesús Aguilar, de 24, acusados de haber robado una prueba clave: las cámaras de seguridad de la agencia donde trabajaba Fernando Schmidt, el hombre asesinado el domingo de 15 puñaladas. Es el sexto crimen en Comodoro en lo que va del año.

 

Por otro lado, Das Neves ya dio instrucciones al fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, para que reúna los antecedentes del caso y los detalles de la decisión judicial para iniciar un proceso de pedido de juicio político a la jueza Tassello ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia.

 

Schmidt, de 36 años, fue asesinado de 15 puñaladas. Por el crimen está detenido y con cuatro meses de prisión preventiva Miguel Angel Sotelo, de 18 años y de nacionalidad paraguaya. Ya tenía antecedentes delictivos.

 

“Estos jueces tienen que renunciar, tienen que irse, es una vergüenza y es una gran provocación para la gente, que después se queja y tienen razón porque para eso les pagan a los magistrados”, insistió el mandatario, con tono muy enojado. “No puede ser que los magistrados tengan tiempo para saludarse con encapuchados, para querer dar clases y para pavadas así, y liberen así a los sospechosos”.

 

Das Neves hacía referencia a que días pasados un miembro del Superior Tribunal de Justicia se reunió en Leleque con uno de los activistas de la denominada Resistencia Ancentral Mapuche, quien lo recibió encapuchado. Están sospechados de provocar incendios en la Patagonia de Chile y Argentina.

 

 

Fuente -  Diario Jornada - Chubut

 

 

 

La interminable guerra entre mapuches y agricultores en Chile

 

A partir del recrudecimiento del conflicto mapuche, este miércoles se realiza una cumbre para buscar maneras de detener la creciente violencia en la zona.

El nuevo foco de tensión estalló en el marco del quinto aniversario, el 3 de enero, de la muerte de Matías Catrileo, el estudiante mapuche muerto por la policía. Panfletos anunciando quemas y tomas fueron recibidos por vecinos del sector, siendo el caso más conocido el incendio de la parcela de Werner Luchsinger y Vivian McKay, dos ancianos que murieron calcinados tras el ataque.

 

La cumbre en el cerro Ñielol, corazón de Temuco y capital de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, fue convocada por el Consejo de Todas las Tierras, instancia mapuche intercomunitaria que invitó al propio presidente Sebastián Piñera a sumarse al diálogo.

El gobierno sólo envió funcionarios regionales, pero sus ministros de Interior y Desarrollo Social han estado en terreno con una agenda propia de diálogos.

Por una parte, los mapuches reclaman la reivindicación de millones de hectáreas que tenían cuando Chile era colonia española. Por el otro, los agricultores dicen que esas tierras las compraron legalmente. Muchos de ellos las tienen hace más de un siglo.

 

Los incendios intencionales se han vuelto frecuentes en la zona de la Araucanía y tienen varios patrones comunes.

Poco se sabe de su modus operandi.

 

Alrededor de una decena de encapuchados ingresan al domicilio y reducen a los propietarios, sin escatimar en golpes si estos oponen resistencia.

Los sacan de la casa junto a sus familias y, frente a ellos, le prenden fuego.

 

"La situación es más grave de lo que los gobiernos muestran. No hay ninguna garantía. Vamos a terminar tipo Colombia, nos faltan los puros secuestros", sentencia un agricultor al que le quemaron la casa, quien prefiere mantener su nombre en reserva por miedo a represalias.

 

 

Casas, cosechas, escuelas, camiones, galpones y hasta centros de eventos han sido reducidos a cenizas.

Sólo en 2012 la Fiscalía Regional de la Araucanía registró 300 causas relacionadas con el conflicto, casi un 78% más que en 2011.

 

A partir del quinto aniversario, el 3 de enero, de la muerte de Matías Catrileo, el estudiante mapuche muerto a balazos por un funcionario policial durante una toma en 2008, el conflicto se ha recrudecido.

 

En la madrugada del viernes 4 de enero, Jorge Luchsinger McKay recibió una llamada inesperada. Eran cerca de la 01:15 am y del otro lado del teléfono estaba su madre. Bastante agitada, le pedía que fuera a verlos lo antes posible: estaban siendo atacados y su padre se encontraba herido.

 

La llamada duró menos de 20 segundos y él, siete minutos en llegar a la casa. Sin embargo, fue muy tarde. El lugar ardía en llamas, con Werner Luchsinger (75) y Vivian McKay (69) adentro. No pudieron escapar. Dos días después, Jorge contaría la historia de la última vez que conversó con su madre en el funeral de ésta.

 

Según las comunidades mapuches de la zona, el despliegue policial –y mediático- sólo aporta a la estigmatización de la etnia. Especialmente al invocar la denominada Ley Antiterrorista, que ejecuta mayores penas y mayor tolerancia para las pruebas, como el uso de testigos protegidos.

 

"Los mapuche y los órganos del Estado tenemos responsabilidad por la cosas que han ocurrido. Queremos paz firme y duradera, aseguró Aucan Huilcaman, werken (vocero) del Consejo de Todas las Tierras, quien convocó la cumbre.

 

"Los mapuche somos los primeros en repudiar la violencia, ya que hemos vivido este trato inhumano por casi 130 años", aseguró la lonko Juana Calfunao en una carta abierta al presidente Piñera, refiriéndose al caso Luchsinger-McKay.

 

Y en eso coinciden todos los sectores: la mayoría de esta etnia no forma parte de grupos extremistas ni ejecuta la violencia activa.

 

Sin embargo, a partir del nulo avance en el diálogo por la reivindicación territorial y la poca voluntad de los sucesivos gobiernos por encontrar soluciones a largo plazo, los mapuches están perdiendo la paciencia.

 

"Si bien la violencia la ejerce un grupo acotado extremista, hay una parte importante de la comunidad que, aunque no participa de la violencia directamente, de algún modo la justifica en procesos históricos de discriminación", le explica a BBC Mundo Sebastián Donoso, abogado experto en legislación indígena y ex coordinador de asuntos indígenas del gobierno chileno.

 

"La policía se ha venido comportando de una forma muy brutal. Aquí el gobierno ha hecho de todo, se descontroló", asegura Jorge Huenchullan, werken (vocero) de la comunidad mapuche Temucuicui.

 

La noche del domingo 6 de enero, las cerca de 120 familias que componen Temucuicui estaban en casa cuando aproximadamente a las 10:00 pm camiones blindados irrumpieron de golpe en la comunidad, según le cuenta Huenchullan a BBC Mundo.

 

El comunero asegura que, sin mediar orden de detención, la policía allanó el lugar ejerciendo violencia excesiva contra los presentes.

 

Uno de sus comuneros fue golpeado hasta la inconsciencia y dejado en un camino público dentro de la comunidad. "Te voy a matar, indio de m...", le habría dicho un carabinero, según relata Huenchullan.

 

A pesar de que los detenidos no pertenecen a dicha comunidad y que esta ha repudiado abiertamente la muerte de los Luchsinger-McKay, aseguran ser víctimas de una "militarización", donde están pagando justos por pecadores. "Si eso no es represalia, yo no sé qué es", señala Huenchullan.

 

Sin embargo, el general Carrasco, especialmente nombrado por Piñera para hacerse cargo del conflicto, desmintió categóricamente el hecho y aseguró que no hubo ni allanamientos en la zona.

 

El caso está siendo investigado por el fiscal militar de la zona.

 

Es la queja constante de algunas comunidades. Aseguran ser golpeados, maltratados, incluso baleados por la policía, en casos que parecieran no existir para la autoridad.

 

Las quemas afectan no sólo a grandes agricultores. El año pasado se registraron varios robos a pequeños parceleros, entre ellos varios mapuches. En septiembre, durante uno de esos asaltos resultó asesinado Héctor Gallardo Aillapán, también de ascendencia indígena.

 

Pero la muerte de los Luchsinger-McKay marcó "un antes y un después", según describió Cristián Larroulet, ministro general de la Presidencia, a Canal 13.

 

A partir del atentado, el gobierno chileno desplegó una mediática reacción.

 

El presidente Sebastián Piñera en persona visitó la región, mientras la policía enviaba fuerzas especiales y el ministerio público invocaba la controvertida "Ley antiterrorista" contra el único formalizado hasta el minuto: Celestino Córdova.

 

Córdova, machi (autoridad religiosa) y líder comunal mapuche, fue detenido poco después del incendio cerca del predio, herido con una bala del mismo calibre que la del arma inscrita a nombre de Luchsinger, con la que éste aparentemente se habría defendido.

 

"Estamos en presencia de un grupo terrorista organizado (...) con capacitación, con entrenamiento y con contactos con las FARC", aseguró Larroulet en la televisión local.

 

BBC Mundo intentó insistentemente contactar al ministro Larroulet, a su par de Interior, Andrés Chadwick, al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y al general de Carabineros Carlos Carrasco, enviado especial a la zona. Sin embargo, sus asesores los excusaron por motivos de agenda.

 

Ya en los 1960 Violeta Parra, la conocida folclorista, retrató el problema que aun le pesa al Estado de Chile: "Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar".

 

Todas las partes coinciden en que la gravedad del conflicto y su aparente eterna continuidad radica en al falta de voluntad política para sentarse a buscar una solución definitiva, por más impopular que esta parezca.

 

"El gobierno no tiene ninguna voluntad política. Ni este ni los anteriores. No les interesa el tema mapuche", le asegura a BBC Mundo Jorge Huenchullan.

 

El vocero aclara que ni los antiguos gobiernos de la Concertación ni el actual de Piñera han mostrado interés en solucionar el tema de fondo.

 

"Existe una cierta inercia de no hacerse cargo del tema al mediano y largo plazo, porque eso requiere de acuerdos políticos", le explica Sebastián Donoso a BBC Mundo.

 

Según el experto en legislación indígena, existen dos temas claves para que las mesas de diálogo pasen de ser discusiones históricas a entidades resolutivas.

 

El primero es perfeccionar el marco legal institucional indígena que hasta hoy es "insuficiente". Para que el tema alcance la relevancia que merece, hay que tener interlocutores válidos, exclusivos y distinguibles por ambos lados, lo que hoy no pasa.

 

Por el lado del gobierno, el tema es uno de los miles que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que por parte de los mapuches, existe gran atomización y cada comunidad quiere tener voz y voto, sin lograr unificar criterios en una sola vocería. Por lo tanto, ninguna de las partes cuenta con dicho interlocutor.

 

El segundo tiene que ver con repensar el problema de la reivindicación territorial y la asignación de tierras, ya que el actual mecanismo de compra a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) no sólo es deficiente, sino que además genera vicios, como sobreprecios de terrenos e incentivos para que grupos más radicales utilicen medidas de violencia para obligar a los actuales dueños a vender.

 

Según el abogado, una política de Estado que cambie el foco del "conflicto" a la "cuestión" mapuche, es decir, que se haga cargo del desafío de encontrar una fórmula de convivencia con los pueblos indígenas es la única potencial solución.

 

"Mantener el orden es una condición necesaria, pero insuficiente", sentencia categórico.

 

Fuente: BBC. Mundo - Constanza Hola Chamy - @constanzahola

 

 

 

EN CHUBUT

Amnistía Internacional pidió una "acción urgente" en favor del pueblo Mapuche.

Enviaron cartas y mensajes dirigidos a Patricia Bullrich, Mario Das Neves y Claudio Avruj.

 

“La acción urgente es una estrategia de solidaridad por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.

 

Por intermedio de esta, “la organización pide a las autoridades que avancen en investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los hechos de violencia”, con el propósito de que se ponga fin a “la persecución y represión contra la comunidad Cushamen”.

 

La organización pide que se envíen las cartas y mensajes dirigidos dirigidos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, señala la agencia de noticias Télam.

 

“Es fundamental que se proteja a la población mapuche de Chubut, por eso lanzamos esta acción urgente. Queremos exponer ante los ojos de la comunidad internacional lo que está ocurriendo en esa parte de Chubut”, apuntó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

 

 

Fuente: Nuevo Diario  - Sgo. del Estero - 13-03-2017