PRESIDENTES MORALES Y CARTES SE REUNEN HOY EN PARAGUAY

 

Ambos mandatarios mantendrán un encuentro en sede del Palacio de Gobierno a las 19:35, en el marco de la visita oficial de dos días al Paraguay.

 

Posteriormente, a las 20:00, ambos dignatarios participarán del lanzamiento simbólico de la edición 2017 del Rally Dakar, en la Explanada Litoral del Palacio de Gobierno, en la Costanera de Asunción. El Rally Dakar es una competencia internacional que por primera vez se correrá en Paraguay, Argentina y Bolivia.

 

Además, el lunes 2 de enero a las 12:00, el presidente Horacio Cartes, tiene agendada una reunión privada con su par boliviano en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

 

En la ocasión, ambos jefes de Estado analizarán temas de interés bilateral, incluyendo "el avance en la idea de asociar a Petropar con Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, para mejorar las condiciones de provisión de gas licuado de petróleo a nuestro país, como también el abaratamiento de costos de este producto", según había adelantado el canciller nacional, Eladio Loizaga.

 

 

La reunión bilateral está prevista para el 28 de noviembre y se tratará una agenda abierta de temas comerciales, energéticos y migratorios

 

No podrá ser en la Bombonera como se había previsto inicialmente para ver juntos el superclásico Boca-River, pero la idea del Gobierno es lograr de una vez por todas el encuentro bilateral postergado: el presidente Mauricio Macri y su par de Bolivia Evo Morales se reunirán en Jujuy a fines de noviembre.

 

Según confirmaron a Infobae fuentes de la Cancillería, la reunión de ambos presidentes se realizará el 28 de noviembre en San Salvador de Jujuy y contemplará una agenda abierta que 

abarcará temas comerciales y acuerdos energéticos y de cooperación en materia de inmigraciones, entre otros.

 

La intención inicial era realizar esa reunión en mayo pasado en Buenos Aires durante el partido de fútbol entre Boca y River. No se pudo hacer por problemas de agenda de ambos presidentes y luego se evaluó armar la reunión en las semanas siguientes en Jujuy, pero en la Casa Rosada advirtieron que eso no era conveniente en medio de las elecciones. Sucede que en el frente Cambiemos temen que el clima político enrarecido que hay en Jujuy con la detención domiciliaria de Milagro Sala pueda afectar el encuentro de los presidentes. El gobernador radical de Jujuy Gerardo Morales deslizó que no iba a ser conveniente la reunión de presidentes en medio de la campaña electoral y la Casa Rosada tomó nota de ello.

 

"Macri le tiene mucho aprecio a Evo más allá de las diferencias ideológicas", expresó un funcionario del Palacio San Martín que se encuentra ajustando los detalles de la reunión bilateral.

 

En rigor, para este caso la diferencia ideológica jugaría en favor de Macri ya que la intención del Presidente es tratar de acercarse a uno de los aliados de Nicolás Maduro para intentar arribar a una solución en la crisis de Venezuela. En el Gobierno creen que la ayuda de Morales ante el régimen de Maduro podría ser clave para avanzar hacia una eventual solución en el caso venezolano.

 

No obstante, la reunión de Macri y Morales en Jujuy contempla una agenda bilateral centrada esencialmente en uno de los ejes que más preocupan a la Argentina: los reacondicionamientos del contrato de exportación de gas boliviano a nuestro país. Hasta ahora se sabe que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) enviará más gas natural a la Argentina en los próximos meses con lo que podrá cumplir con el contrato vigente desde 2006, tal como lo anunció en La Paz el presidente de la compañía, Guillermo Achá. No obstante, se deben ajustar los parámetros de importación de Argentina para el año que viene. En los meses de invierno la Argentina suele comprar unos 20,9 millones de metros cúbicos de gas a Bolivia, y eso bajó a 16 millones.

 

Por otra parte, el encuentro de Macri y su par de Bolivia servirá para cerrar un contrato por la construcción de centros de medicina nuclear y el intercambio comercial de productos 

agropecuarios.

 

En la agenda está pendiente también uno de los temas que preocuparon a la administración de Morales y que fue motivo de quejas por parte de Bolivia, como fue el decreto presidencial que firmó Macri a principios de este año por el cual se estableció un esquema más rígido de controles migratorios. De esta manera, se exigió la deportación de aquellos inmigrantes con causas penales o se prohibió el ingreso de los que tengan antecedentes delictivos. Esta decisión generó un malestar de Bolivia, pero en el Gobierno argentino explicaron que no se trata de una persecución a inmigrantes sino una medida para reducir la delincuencia. Así, explicaron a las autoridades de Bolivia que el Gobierno argentino amplió sustancialmente los trámites de radicación de ciudadanos bolivianos o paraguayos que decidieron venir a vivir al país.

 

En rigor, Macri no realizará más visitas al exterior hasta fin de año. Es que el Presidente quiso estar abocado a la campaña electoral y después de los comicios realizados en octubre pasado quiere concentrarse en Buenos Aires para la organización de la cumbre de ministros y cancilleres de la Organización Mundial de Comercio que se hará en la Argentina. También para diciembre está prevista en la Argentina una reunión preliminar de ministros de Finanzas de los países que conforman el G20.

 

 

 

El Gobierno estableció un proceso para agilizar la deportación y la prohibición del ingreso a extranjeros vinculados al delito

(30 de enero de 2017)

 

El Poder Ejecutivo publicó este lunes el decreto 70/2017 que modifica la Ley de Migraciones e impone controles más estrictos para evitar que delincuentes extranjeros operen en el país, y que permanezcan en el territorio nacional pese a tener antecedentes penales.

 

La norma comienza señalando que cada Estado tiene "la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales". En ese sentido, afirma que esta potestad se ve actualmente dificultada "por la duración de los procesos administrativos y judiciales" que podía "llegar a los siete años de tramitación" para expulsar a alguien del país.

 

La duración de los procesos administrativos y judiciales podía llegar a los siete años de tramitación.

 

Por otro lado, la norma destaca que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total". Actualmente, los extranjeros representan apenas el 4,5% de la población de Argentina. Pero, al analizar exclusivamente la cantidad total de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de extranjeros sube "al 33%".

 

Ante esta realidad que considera "crítica", el Gobierno instrumentó la creación de un "Procedimiento migratorio especial sumarísimo" que permitirá negar el ingreso y expulsar delincuentes con mayor agilidad.

 

La nueva norma (Art. 29) establece que no podrán ingresar las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".

 

Tampoco podrán ingresar al país quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.

 

Los extranjeros que no tengan los medios económicos tendrán derecho a un abogado gratuito.

 

Además, las mismas causas podrán ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado "cualquiera fuese su antigüedad". Es por eso que la Justicia ahora deberá notificar a Migraciones sobre "todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido".

 

La expulsión del país por cometer o participar en un delito "doloso" también implica una prohibición de reingreso por un mínimo de 8 años y puede llegar a ser permanente, según el caso.

 

Por otro lado, el decreto establece que los extranjeros que no tengan los medios económicos tendrán derecho a un abogado gratuito que los asista.

 

 

Fuente: El Comercio - La Paz - Bolivia / Infobae - Por Martín Dinatale 21-11-2017

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