25 de Mayo, 2018
Radio Mercosur
Opinión

MERCOSUR - URUGUAY EXPULSÓ A DOS MENORES QUE VENIAN A VER A SU MADRE

Los adolescentes dominicanos llegaron a Uruguay. Tenían visa, pero había caducado el plazo 72 hs. antes. El curioso episodio ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco “va contra las recomendaciones de los organismos internacionales”

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La madre los esperaba: a la salida de la puerta de arribos, pero los funcionarios no los dejaron pasar. 
 
Llegaron un tanto cansados tras varias horas de viaje desde República Dominicana, pero el letrero "Bienvenidos a Uruguay" les hizo relucir su mejor sonrisa. Unos metros más adelante, pasando el free shop, la entrega de las valijas y la revisión del equipaje, los esperaba Elizabeth, su madre, con quien no se abrazaban desde hacía casi cuatro años. Fue cuestión de alcanzar el puesto de control migratorio, donde se presenta el pasaporte, para que la ilusión de esos dos menores de edad se hiciera añicos. La autorización de ingreso al país, según reza la letra chica de la visa, había caducado hacía menos de 72 horas. Y el funcionario público optó por no dejarlos entrar. Se tuvieron que ir solos y sin haber visto a su mamá.
 
Ocurrió apenas pasada la medianoche de ayer, en el Aeropuerto de Carrasco. Los hijos de Elizabeth, de 13 y 16 años, vinieron acompañados de una amiga de su madre, quien tenía el "poder" para traerlos a Uruguay. Esta mujer pudo pasar sin mayores problemas, pero a los chicos no los dejaron. Hubo llantos, súplicas, intentos de conversar con un superior. Pero nada cambió.
 
"Desde el punto de vista humanitario (lo sucedido) es un desastre", dijo Juan Faroppa, integrante de la comisión directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este organismo tomó conocimiento del caso luego de las ocho de la mañana, al igual que la directora de Migraciones, cuando los menores de edad ya estaban de regreso en su país.
 
Una expulsión que, a criterio de Faroppa, "va contra las recomendaciones" de los organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los Estados "no deben impedir el ingreso de niñas y niños extranjeros al territorio nacional, aun cuando se encuentren solos, no deben exigirles documentación que no pueden tener y deben proceder a dirigirlos de inmediato a personal que pueda evaluar sus necesidades de protección". Y, en el caso de mandarlos de regreso a su país, "tienen que estar acompañados por un adulto responsable".
 
La Inddhh se reunirá la semana que viene con las autoridades de la Junta Nacional de Migración para analizar el caso y evaluar las posibles soluciones. Más allá del episodio concreto, señaló Faroppa, "hay que buscar la forma de que no vuelva a pasar y que el Estado encuentre alguna reparación para esta gente".
 
Elizabeth trabaja como cuidadora en una casa de salud. Gana $ 18 mil al mes y un tercio de ese salario lo destina a sus hijos y a su madre, que también está en República Dominicana. El padre de los adolescentes falleció poco antes de que ella se viniera a Uruguay en busca de "un futuro mejor", y con lo que los menores habían ahorrado durante estos casi cuatro años compraron el pasaje para Montevideo, narró Elizabeth.
 
Las visas se las dieron el 1° de marzo pasado. Tienen una validez por 90 días, pero en la letra chica, debajo de la foto, se aclara: "Primer ingreso dentro de 60 días". Y ellos llegaron al día 63.
Según la directora nacional de Migraciones, Myriam Coitinho, "los funcionarios aplicaron la normativa vigente". La jerarca aclaró que las recomendaciones internacionales son consejos, no obligaciones, y que en realidad refieren a "situaciones de trata de personas, presunta violencia o solicitud de refugio".
 
Coitinho no descarta que pueda, y deba, haber contemplaciones. Pero explicó que las mismas "no pueden depender de un funcionario de turno, y mucho menos trabajando a las apuradas porque el avión debía regresar".
 
Pero Faroppa no se conforma: "Más allá de que hubiera una regulación, una formalidad, la respuesta del Estado debería haber sido orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanitarias… lo que pasó es un desastre".
 
En dos años, las autoridades uruguayas lograron más de 200 reunificaciones familiares de dominicanos, como se llama técnicamente a este reencuentro entre padres e hijos. En algunos casos, incluso, Uruguay les exoneró el costo de la visa por razones de vulnerabilidad económica.
 
Parte de las reuniones que las autoridades uruguayas entablarán la semana entrante versarán sobre quién se hará cargo de reparar el daño.
 
Para la directora de Migraciones, "la primera incumplidora fue la aerolínea que permitió que (los adolescentes) abordaran el vuelo viendo que las visas estaban vencidas". Coitinho explicó que la revisión de la documentación no es una tarea exclusiva de los funcionarios policiales y que es una responsabilidad también de las empresas.
 
Sea de quien sea la responsabilidad, la ONG Idas y Vueltas está intentando colaborar con la madre damnificada porque, dicen, el caso "fue muy conmovedor" e incluso afectó a la abuela de los niños que está en República Dominicana.
 
Hasta el cierre de esta nota Elizabeth no había logrado comunicarse con sus hijos.
 
"Hay una pata local de tráfico de cubanos"
En lo que va del año, son 2.025 los cubanos que solicitaron refugio. A este ritmo, el 2018 terminará con un nuevo récord: tres veces superior al 2017. Como Uruguay les exige una visa de entrada al país, la inmensa mayoría está ingresando por una vía poco convencional. Se trata de una peripecia que empieza en Guyana, implica atravesar Brasil y alcanzar la frontera nacional habiendo dejado, durante el trayecto, hasta US$ 1.200 (sin incluir los pasajes de avión), advirtió el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez.
 
"Con la cantidad de personas que están viniendo, es obvio que hay una pata local de tráfico de cubanos", dijo el legislador. "La Policía uruguaya tiene que dedicarse a investigar este tema y, sobre todo, descartar si hay funcionarios que estén facilitando documentación a los inmigrantes".
 
Nada hace pensar, aclaró Umpiérrez, de que exista "una explotación sexual o laboral" en el país.
 
A priori, las autoridades piensan que en Cuba comenzó a "correrse la bola" de que en Uruguay "hay trabajo y se accede fácil a la documentación" con solo solicitar el refugio.
 
De los 2.025 cubanos que pidieron este estatus de protección este año, 990 ya renunciaron a la solicitud, informó el portal Ecos. En estos casos, iniciaron los trámites formales de residencia.
 
Aun así, el Poder Ejecutivo está afinando un decreto para que exista "otro tipo de visas", explicó la directora nacional de Migraciones, Myriam Coitinho. "Hasta ahora solo existe el ingreso con visa turística o de negocios, y la idea es que pueda haber otras opciones (como estudio, trabajo y reunificación familiar)".
 
Fuente: EL PAIS – URUGUAY- TOMER URWICZ
05-05-2018
 
Redacción - Nuevamente, el Uruguay viola los contenidos que al respecto de casos como el ocurrido, deben cumplir los Estados. En la página 32 de los Derechos humanos de la niñez migrante (“Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas” vs. República Dominicana. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014) se puede aplicar el contenido de estas previsiones, que si bien no son “obligatorias”, pueden ser aplicadas por el sentido común que debe tener cualquier funcionario de migraciones o cualquier país respecto de casos de similares características. 
 
En este caso, la Corte IDH reiteró que en los procesos de expulsión en donde se encuentren involucrados niñas y niños, el Estado debe observar además de las garantías básicas, otras cuyo objetivo sea la protección del interés superior de las niñas y niños, entendiendo que dicho interés se relaciona directamente con su derecho a la protección de la familia y al disfrute de la vida de familia (manteniendo la unidad familiar en la mayor medida posible). En este sentido, cualquier decisión de órgano judicial o administrativo que deba decidir acerca de la separación familiar en razón de la condición migratoria de uno a ambos progenitores, debe contemplar las circunstancias particulares del caso concreto, garantizando así una decisión individual, que persiga un fin legítimo de acuerdo con la CADH, y que sea idónea, necesaria y proporcionada. Se sugiere que el Estado deberá analizar las circunstancias particulares de cada caso. En relación con los procedimientos o medidas que afectan derechos fundamentales –como la libertad personal– y que pueden desembocar en la expulsión o deportación, la Corte IDH sostuvo que “el Estado no puede dictar actos administrativos o adoptar decisiones judiciales sin respetar determinadas garantías mínimas, cuyo contenido es sustancialmente coincidente con las establecidas en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención”. Además, a criterio de la Corte, los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas y niños que se encuentren junto a sus progenitores, así como de aquellos que se encuentran no acompañados o separados de los progenitores, a los efectos de cautelar los fines de un proceso migratorio. Tampoco pueden fundamentar ese tipo de medidas en el incumplimiento de los requisitos para ingresar o permanecer en un país, en el hecho de que la niña o niño se encuentre solo o separado de su familia. Tampoco pueden justificarse en la finalidad de asegurar la unidad familiar, siempre que pueden y deben disponer alternativas menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los derechos de niñas y niños. 
 
En el caso de los menores llegados desde República Dominicana el personal de migraciones no respetó el derecho de los niños de reunirse con su madre a la que no veían hacía cuatro años, ni aplicó el “sentido común” que pareciera ser en esos funcionarios tampoco les funcionó.
 
Privar a los menores de ver y abrazar a su madre después de cuatro años y deportarlos de inmediato de regreso a su país sin que los conmoviera el llanto y los llamados de los chicos hacia su madre quien también estaba deshecha de dolor por la situación, es un acto impropio de personas que viven en un país que dice ser miembro del Mercosur y que le abrió las puertas a los deportados sirios sin muchas consultas. 
 
Bien pudo hacerlo con dos menores de edad por habérseles vencido la visa. No eran guerrilleros. No eran traficantes. Hablaban español y se hacían entender. Los motivos que trajeron estos menores eran humanos y atendibles. 
 
Pareciera ser que en Uruguay, durante algunos segmentos horarios del día no hay en el aeropuerto internacional un funcionario de migraciones con poder como para resolver rápidamente y con “sentido común” una situación como la planteada.
 
Se ha demostrado, con esa actitud de falsa rectitud, que para los niños extranjeros que arriben al Aeropuerto Internacional del Uruguay, no existe ninguna Ley o disposición de la IDH, que permita atenderlos, por lo menos, con cariño y responsabilidad como para resolverles favorablemente la situación. 
 
Uruguay vuelve a demostrar con su  actitud, como en la Cumbre de América de Lima, que, aunque se ubique en los límites de los tres integrantes del Mercosur, está aún lejos de América. 
 
 

Fuente: El País - Montevideo / Redacción Radiomercosur