PLAN NACIONAL PARA GENERAR SU PROPIA ENERGIA

 

Transcurría 2014 cuando el Casino de Santa Fe comenzaba a instalar módulos fotovoltaicos en el techo para satisfacer parte de las luminarias necesarias para ambientar las salas de juego, máquinas y el complejo que incluye un hotel. La intención era clara; reducir el consumo, incluso antes del aumento de tarifas, a modo de prueba piloto.

 

Cuatros años más tarde, Diego Guerra, el arquitecto que se desempeña como Gerente de Operaciones de la empresa, cuenta a iProUP sobre esta decisión que define como “exitosa”. “En 2018 el casino consumió un 20% menos”, afirma, señalando los resultados de un plan integral de eficiencia energética que puso el acento en racionalizar todo el complejo.

 

Este caso testigo sirve para graficar lo que el Gobierno Nacional busca replicar en todo el país con la flamante reglamentación de la Ley 27.424, que impulsa la utilización de energía limpia en hogares, pequeños comercios e industrias.

 

¿Por qué en 2018? Si bien otros países juegan esta carrera desde la década pasada, hoy aparece como una gran oportunidad para moderar las boletas de luz y gas. El objetivo es claro y manifiesto: reducir el plazo de amortización de la inversión inicial para llegar a cada vez más sectores de las capas medias, golpeados por los “tarifazos”.

 

Es que, gracias a los adelantos técnicos, actualmente un equipo de energía solar fotovoltaica para uso familiar cuesta entre u$s2.700 y u$s3.000. Así lo indica Darío Póveda, Presidente de Aldar, proveedor con 25 años de trayectoria en el rubro.

 

 

¿En cuánto tiempo es posible recuperar el capital invertido? El rendimiento no es homogéneo sino que varía en función de varios factores: el valor de la tarifa, el nivel de subsidios en cada provincia y la irradiación solar de la zona. 

 

En promedio, Póveda calcula que en cinco años se puede amortizar la adquisición, sin considerar planes de financiación específicos que reduzcan la tasa de interés.

 

Con “líneas verdes”, que es lo que el Gobierno busca implementar en principio con los bancos provinciales y públicos, el plazo baja a dos o cuatro años.

Por lo pronto, ya han avanzado en esta dirección barrios cerrados, viviendas de gran porte o con piletas, supermercados, estaciones de servicio, empresas metalúrgicas, entre otros nichos.

 

El casino de Santa Fe jugó y ganó, según Guerra. “Recuperamos la inversión en calentamiento de agua en prácticamente un año y medio, ahorrando un 40% en el consumo de gas”. Esto gracias a los termotanques solares.

 

 

A fines de 2017 se aprobó la Ley 27.424, normativa base que autoriza a un usuario a vender directamente a la distribuidora la energía que produce, como Edenor o Edesur, por citar dos ejemplos.

 

Bajo este paraguas legal, un hogar puede incorporar paneles solares u otras fuentes renovables y así autoabastecerse durante el día e inyectar a su distribuidora cuando sobra generación. Durante la noche o si hay nubes, se sigue utilizando el suministro de la red, tal como funcionó históricamente.

 

¿Qué buscan las autoridades con la flamante normativa? En concreto, evitar la compra de costosas baterías de almacenamiento y así economizar la inversión en sistemas renovables.

 

 

Este esquema funciona hace tiempo en prácticamente todo Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile o Uruguay.

 

A nivel local, el objetivo del Gobierno es que miles de usuarios comiencen a comprar paneles, biodigestores, aerogeneradores de baja potencia o turbinas hidroeléctricas, para aprovechar el gran recurso natural que dispone la geografía nacional.

 

En términos eléctricos, son 1.000 MW hacia 2030. Así plantea el Decreto reglamentario de la Ley, lo que significa un tercio de lo que demanda la provincia de Córdoba.

 

 

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Para tomar dimensión, esta cifra representa el triple de lo que hoy tiene instalado Brasil. Cabe aclarar que este país comenzó esa carrera varios años atrás, con estímulos similares a los que plantea la actual administración de Macri.

 

En números, el gigante carioca cuenta con más de 37.000 sistemas fotovoltaicos de generación distribuida conectados a la red eléctrica, cuya potencia total asciende a más de 350 MW.

 

Chile, por caso, presentó hace semanas un nuevo proyecto de ley que plantea incentivos a un modelo que ya le brindó grandes resultados. Perú analiza por estos días un paquete de medidas en el marco de su reforma del sistema eléctrico, al igual que Colombia. En el Caribe y México, hace tiempo que tomaron nota de las ventajas competitivas de las energías limpias, aprovechando el potencial del sol.

 

En el plano local, ¿dónde podrían instalarse los paneles? Una vez más, Argentina fue tocada con la varita mágica: tiene un sol envidiable en el Norte y Cuyo, el mejor viento del mundo en Patagonia y Centro del País, materia prima de bioenergía en toda la Pampa Húmeda y el Noreste.

 

 

Como era de esperar, la reciente reglamentación de la Ley 27.424 generó buenas perspectivas para las Pymes del rubro.

 

Una de ellas es Aldar, pionera en Argentina. Darío Póveda, su presidente, contó que la firma trabaja en un plan para tejer lazos comerciales en todo el país.

“Lanzamos la primera franquicia de energía solar en Argentina”, señala orgulloso ante la consulta de iProUP, y agrega: “La idea es duplicar las ventas y mantener una buena tasa de crecimiento”.

 

Para el segmento de grandes consumidores, el Gobierno ya venía trabajando en una batería de normas que incitan a utilizar energía renovable.

 

Tal es así que mineras, petroleras, supermercados, automotrices, siderúrgicas y metalúrgicas ya están dando pasos acelerados para asegurarse energía barata y limpia.

 

¿Cómo opera este segmento? Se trata de empresas con gran escala y facturación, que firman contratos de suministro con grandes parques eólicos o solares por un mínimo promedio de 10 años, plazo inédito en la Argentina.

 

El motivo por el cual lo hacen es esencialmente económico: pagan por energía limpia entre 50 y 60 dólares por MWh mientras que el precio de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) escala por arriba de 70 dólares.

 

Más allá de que se presente como una oportunidad, lo cierto es que hay empresas que están obligadas a utilizar energía renovable en forma creciente por la Ley 27.191, al punto de significar un 20% de su demanda en el año 2025.

 

 

YPF, a través de la empresa subsidiaria YPF Luz, busca liderar este mercado de comercialización de energía renovable entre privados (MATER). Por citar algunos ejemplos de “renombre”, cerró contratos con:

 

-Toyota: PPA por 9 MW a 10 años, que permitirá alcanzar el 25% de la demanda eléctrica de su fábrica en Zárate hasta 2020

 

-Coca-Cola & FEMSA: PPA por 7 MW a 15 años. Permitirá abastecer el 100% de los requerimientos

 

-PROFERTIL: PPA por 21 años para alcanzar el 60% del consumo en enero de 2020

 

Indura, Roca, Grupo Slots, Minera Aguilar y Meranol, entre otras de las tantas firmas que se encolumnan en la lista.

 

Otro oferente que le disputa el primer puesto a YPF Luz es Genneia, la firma que preside Jorge Brito.A través de convenios de largo plazo, la compañía más importante en el rubro acordó comercializar energía eólica a grandes consumidores por un total de 24.

 

Los clientes que ya cerraron contratos son Loma Negra, GoldCorp, Banco Macro, Meranol, Arlei Leather y Excedentes (LN+Meranol).

 

Adhesión de las provincias, la clave para su implementación

 

Antes de que se sancione la Ley 27.424, algunos distritos dictaron sus propias normas locales de generación distribuida. Estos son:

• Mendoza (Ley 7.459)

• Salta (Ley 7.824)

• Santa Fe (Programa de Prosumidores)

• San Luis (Ley 921/14)

• Neuquén (Ley 3.006)

• Misiones (Ley 97 de Balance Neto)

• Jujuy (Ley 6.023)

 

¿Qué actitud van a tomar respecto de la legislación nacional? Para que pueda regir este esquema de promoción, es necesaria la adhesión formal de las provincias.

 

 

Según pudo averiguar iProUP, algunos bastiones ya adelantaron que estudian la forma de acompañar el proceso: Jujuy, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Corrientes, Chaco y Mendoza.

 

Los gobernadores, en tanto, analizan el impacto sobre la autonomía de la jurisdicción local, principalmente en lo que respecta a independencia para establecer tarifas y metodologías de conexión con las distribuidoras.

 

Desde el punto de vista económico, los mandatarios del interior ven con entusiasmo el potencial del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) previsto para repartir en la ley.

 

Son $500 millones que el Poder Ejecutivo destina a los usuarios para estimular la generación distribuida a través de distintos mecanismos.

 

 

Rodrigo Herrera Vegas, titular de la empresa proveedora de energía solar Sustentator, hace hincapié en utilizar el fondo para facilitar el financiamiento al público.

 

“La nueva legislación, de la mano con el FODIS, va a ser clave para ir moviendo el mercado”, subrayó. Así focalizó el rol protagónico de los gobernadores para una virtuosa implementación de la generación distribuida.

 

 

Además de seducir con esta caja, el Gobierno Nacional juega su carta con otra medida: reglamentó el cupo fiscal establecido para eximir de impuestos nacionales a la compra de equipos. Por caso, el IVA.

 

De aplicarse esta exención en los distritos, los usuarios podrán pagar un precio bastante menor por un sistema fotovoltaico o un aerogenerador de baja potencia.

 

En concreto, son $300 millones que, paradójicamente, pudieron “zafar” del ajuste fiscal que plantea la ley de Presupuesto 2019.

 

Los empresarios interpretan este incentivo como una señal de interés por parte del oficialismo para empujar el autoabastecimiento energético a nivel domiciliario, comercial e industrial.

 

 

¿Cómo saber si se está adquiriendo un equipo de excelencia? Hoy, existen en el mercado todo tipo de productos provenientes principalmente de China y Europa.

 

Para garantizar y “proteger” la imagen de la industria en su conjunto, el titular de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Marcelo Álvarez, plantea a las autoridades fijar pautas de fiscalización.

 

Propone incluir medidas para acompañar la tarea que realiza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otros organismos de normalización.

 

“Es importante establecer un sistema de instaladores homologados que puedan ser controlados bajo la técnica de muestreo, lo que permitiría establecer calificaciones a cada uno”, sostiene.

 

Fundamenta su afirmación tomando como ejemplo la experiencia de Canadá, dónde, asegura, este mecanismo arrojó buenos resultados, descartando de la plaza tecnologías “no recomendables”.

 

Aunque no lo dice abiertamente, se refiere a marcas chinas que ofrecen equipos a muy bajo costo que en poco tiempo decepcionan a los usuarios. Esta “mala prensa” es lo que se busca evitar desde CADER.

 

 

Por tratarse de un mercado en nacimiento en Argentina, el grueso de los equipos eólicos y solares que se observan en los techos es de origen extranjero. Se radicaron fabricantes de sistemas fotovoltaicos, aunque son pocos y con bajo nivel de producción en relación al potencial de la demanda.

 

En la actualidad, se destacan dos firmas: Solartec, fabricante ubicado en la Provincia de Buenos Aires, y LV-Energy, con base en San Luis.

 

Recientemente, el Grupo CEOSA, vinculado a la industria de la construcción, anunció que diversificará sus negocios instalando en Mendoza la planta ensambladora de paneles solares más grande del país.

 

 

La Secretaría de Energía de la Nación anunció el lanzamiento de una nueva licitación para desarrollar plantas de energía solar, eólica, biomasa, biogás, biogás de relleno sanitario y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de escala intermedia.

 

Es la tercera ronda del programa RenovAr, denominada “MiniRen”, que pone en juego 400 MW de potencia en todo el país, lo que significa un mínimo de 40 nuevas centrales de 10 MW (el máximo permitido).

 

Lo interesante es que van a ser conectados en redes de media tensión de 13,2 kV, 33 kV y 66 kV, luego de acordar el punto de acceso con la distribuidora de la zona.

 

Marcelo Álvarez, titular de CADER, como representante de los empresarios valora la iniciativa: “Genera gran cantidad de empleo en la zona y mejora el servicio eléctrico porque se estabiliza la tensión”.

 

Desde la Secretaría de Energía, celebraron la subasta: “Esta nueva etapa apunta a sumar al desarrollo de los proyectos renovables el capital de actores no tradicionales del sector y obtener una ventaja económica para el sistema”.

 

El cronograma prevé resolver el proceso con la firma de contratos antes del cambio de Gobierno.

 

¿Serán los avances de las renovables un eje de campaña para 2019? Es una de las pocas actividades que creció en estos tres años de la gestión Mauricio Macri.

 

 

 

Fuente: iProUP