20 de Febrero, 2019
Radio Mercosur
América

EN VENEZUELA SE DETIENE A MENORES PARA APRETAR A LOS PADRES

Responsive image
"Hasta ahora contamos más de 80, niños detenidos, sin embargo (…) los defensores de derechos humanos estamos colapsados", dijo en una rueda de prensa la abogada Ana Leonor Acosta que agregó que "con privativa de libertad, de los 80, hay 60".
 
Sin embargo, la jurista, que estaba acompañada de las diputadas Adriana Pichardo y Delsa Solórzano, señaló que este "número cambia minuto a minuto" debido a la celebración de audiencias y las denuncias que reciben.
 
Aproximadamente, el 10 % "ha sido liberados, mientras que otros tienen medidas cautelares, apuntó. 
 
 
Acosta aseguró también que ha recibido denuncias sobre la detención de niños con cáncer y con síndrome de down en el estado venezolano de Cojedes, ubicado en el centro del país y exigió la liberación de los menores, un llamado que también hizo la diputada Solórzano al señalar que tienen edades de entre 12 y 15 años. 
 
En ese sentido, la parlamentaria y abogada dijo que según la legislación venezolana un menor de 12 años no puede estar imputado.
 
"Lo que dicen los jueces es que estarán 45 días detenidos para tratar de disimular que es una orden de privativa de libertad y esos 45 días de los que hablan no es más que el lapso para presentar y establecer la realización de la audiencia preliminar y presentar consecuentemente la acusación", agregó.
 
Por su parte, la diputada Adriana Pichardo cifró en 956 el total de "detenciones arbitrarias" desde el pasado 21 de enero y en 43 los muertos registrados en las manifestaciones, números que contrastan con los de las ONG Foro Penal y Observatorio de Conflictividad Social que señalaron hoy que hasta el momento contabilizan 850 detenidos y 35 muertos. "Estas acciones de violencia han estado en manos del FAES (Fuerzas Acciones Especiales)", aseguró Pichardo.
 
Las parlamentarias alertaron también sobre las torturas que aseguran viven los detenidos y urgieron a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a acelerar su visita a Venezuela para que constante la "violación de los derechos humanos".
 
Según Pichardo, la oposición se comunicó el domingo con Bachelet para hacerle conocer la actual situación que atraviesa Venezuela y que se tensó desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país por considerar a Maduro un "usurpador".
 
 
Maduro se impuso con holgura en los comicios anticipados de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por tener a sus principales partidos y políticos inhabilitados y por considerarlos fraudulentos.
 
Por ello, el antichavismo afirma que "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y que por ello el Poder Ejecutivorecae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna.
 
EFE
 
 
Crecen las protestas en Venezuela en la vigilia de la gran marcha contra el régimen de Maduro
 
Decenas de protestas populares que comenzaron el lunes se extendieron hasta la madrugada de hoy, en Caracas, Venezuela, donde los manifestantes piden el fin al gobierno inconstitucional de Nicolás Maduro.
 
Unas 30 manifestaciones se registraron durante la noche en barrios del municipio de Libertador, un territorio que se pensaba era controlado por el oficialismo y donde están ubicadas todas las sedes de los poderes públicos, informó el Observatorio Venezolano de Conflicto Social (OVCS), según el medio Exame.
 
Los eventos ocurren después de una intensa jornada en que vecinos del barrio de Cotiza, en Caracas, salieron a las calles para dar apoyo a un grupo de militares de la Guardia Nacional que se rebelaron contra el régimen de Maduro.
 
El grupo de soldados de la guarnición de San José de Cotiza, en Caracas, lanzó un llamado al pueblo venezolano para salir a la calle. Un hombre que se identificó como el sargento de tercera Luis Bandres Figueroa dijo antes que se entregaran a sus superiores, que están en contra del “régimen el cual desconocemos completamente”. En diálogo con LA FM, el sargento Bandres dijo que contaba con al menos el respaldo de otros 120 guardias.
 
Las manifestaciones anticipan la jornada convocada para el 23 de enero por la oposición contra el régimen socialista, que tomó posesión de un nuevo mandato presidencial el 10 de enero, dejando en el cargo a Maduro por lo menos hasta 2025.
 
 
Las fotografías y vídeos de la noche del 21 de enero en las redes sociales muestran carreteras cerradas, y personas en las calles gritando consignas contra el régimen de Maduro. Testimonios dados a Efe indican que muchas casas y propiedades terminaron con vidrios rotos.
 
El Dr. Prosperi adelantó que los médicos también participarán en la marcha anunciada para mañana, en modo pacífico.
 
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) informó, a través de Twitter, del uso de tanques de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la parroquia El Valle “para intentar acabar” con la protesta.
 
Un reporte de Caracas señala que al hospital Vargas que el 21 de enero ingresaron 13 heridos de Cotiza por represión. El médico Carlos Prosperí dijo a El Pitazo que atendieron a ocho personas que presentaron heridas por perdigones y cinco con afecciones respiratorias, asociadas a las bombas lacrimógenas.
 
La directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente Juan Guaidó y los diputados vicepresidentes, Edgar Zambrano y Stalin González anunciaron que marcharán este 23 de enero e invitó a los venezolanos a participar para llenar las calles y “ser parte de la historia”.
 
“Hoy estamos en las calles recobrando la confianza en la dirigencia, hoy llamamos al país a que se reencuentre, a que haya la reconciliación que es la que todos los venezolanos necesitamos”, dijo el diputado Gonzales en un comunicado del 21 de enero.
 
Un gobierno inconstitucional
El gobierno de Venezuela se mantiene en el poder sin reconocer a la Asamblea Nacional (Parlamento Venezolano) elegida legítimamente por la población a fines de 2015.
 
A través de la designación irregular de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro se confirió amplios poderes para mantener el régimen a través de una dudosa consulta nacional con la que eliminó la participación de la oposición y creo la Asamblea Nacional Constituyente. Eliminando a su vez  las elecciones legítimas programadas por la Asamblea Nacional, Maduro eleboró sus propias elecciones con las que se nominó nuevamente Presidente, cargo que asumió este mes.
 
La ex procuradora general de Venezuela. Luisa Ortega Días, destituida por Maduro durante su investigación de los escándalos de corrupción del régimen, presentó una denuncia en 2017 a la Corte Penal Internacional.
 
Luisa Ortega denunció y pidió orden de captura ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro; Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa; Néstor Reverol, Ministro del nterior y Justicia; Gustavo González López, Director del SEBIN, y Antonio Benavides, Jefe del Gobierno del Distrito Capital,. (Imagen compuesta de captura de Vídeo)
 
“Instamos a una orden internacional de arresto contra Nicolás Maduro y las otras personas a las que informamos hoy“, dijo Ortega a la Corte de La Haya en 2017, incluidos algunos funcionarios del gobierno de Maduro, como el ministro de defensa Vladimir Padrino López, El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el director de Sebin (inteligencia nacional), Gustavo González López, y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Benavides Torres.
 
El ex fiscal los acusa a todos (sobre la base de “más de mil pruebas”) de “asesinatos, torturas, arrestos y ataques sistemáticos e indiscriminados contra la población civil”, al tiempo que proporciona los asesinatos documentados, números precisos y desconcertantes: 1.777 personas asesinadas en 2015 y otras 4.667 víctimas en 2016; en 2017, hasta junio, se calculaban otras 1,846 muertes, sumadas a otras 505 víctimas de ejecuciones, apuntadas en el contexto de la “Operación de Liberación Popular”, para un total de 8,795 víctimas dentro de dos años y el medio.
 
A estas cifras hay que sumar 17.000 detenciones arbitrarias y cientos de casos de tortura; Ortega está dispuesta a subrayar que estas violaciones de derechos humanos se han llevado a cabo bajo órdenes explícitas del gobierno.
 
“El gobierno de Nicolás Maduro debe pagar por estos crímenes de lesa humanidad“, concluye la ex fiscal.
 
 
Fuente: Agencias