23 de Marzo, 2019
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Zona Franca

DERECHOS SOCIALES | DERECHO DE ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA

La Corte Suprema revocó una sentencia que había desestimado el pedido de una medida cautelar tendiente a que se proporcione vivienda a una familia en situación de calle

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BUENOS AIRES - A raíz de la destrucción de su vivienda ocurrida en el marco de un incendio en el barrio Los Piletones, una mujer solicitó -en el marco de una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- que se fijara una fecha para la entrega de las viviendas prometidas por el gobierno porteño.
 
El juez de primera instancia hizo lugar al pedido y ordenó la entrega de una vivienda a la mujer y su grupo familiar, decisión que recurrió el Gobierno de la Ciudad.
 
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA revocó la resolución. Sostuvo que la situación de la mujer ya estaba solucionada en tanto formaba parte de la familia de su hermano y su cuñada, a quienes el gobierno porteño ya había adjudicado una vivienda.
 
 
Contra esa resolución, la peticionaria presentó un recurso de inconstitucionalidad, denegado porque la decisión cuestionada, por tratarse de una medida cautelar, no cumplía el requisito de sentencia definitiva.
 
Dicha denegatoria motivó la presentación de una queja que fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contra ese pronunciamiento, la peticionaria dedujo recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la queja.
 
La Corte Suprema, con la firma de Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la sentencia apelada, con arreglo a la doctrina de arbitrariedad.
 
Entendió que, aunque la resolución cuestionada se refería a una medida cautelar, por sus efectos debía ser asimilada a una sentencia definitiva. Advirtió, también, que el fallo apelado resultaba arbitrario por haber omitido tratar cuestiones conducentes, oportunamente planteadas. 
 
Señaló, asimismo, que la actora había argumentado de manera fundada que ella y su hermano no forman parte de un mismo grupo familiar y que, en consecuencia, no podía tenerse por satisfecho su derecho de acceso a una vivienda con la unidad entregada a aquel.
 
En disidencia, Elena Highton de Nolasco votó por el rechazo de la apelación por no estar dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
 
 
Contexto jurisprudencial
 
La resolución de la causa por parte del Tribunal tiene fundamento en la doctrina de la arbitrariedad debido al ostensible apartamiento de constancias de la causa por parte del a quo y el derecho que la actora encuentra postergado es el de acceder a una vivienda digna. 
 
Con relación a dicha garantía constitucional vale la pena recordar que fue objeto de tratamiento expreso en el conocido precedente “Q.C.S.Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, del 24 de abril de 2012 (Fallos: 335:452), en el marco de un amparo presentado por una madre a cargo de su hijo discapacitado que se encontraba “en situación de calle”. 
 
Allí, el Tribunal analizó la normativa contenida en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los tratados internacionales para establecer el alcance del derecho de acceso a una vivienda digna y el deber de protección de las personas con discapacidad.
 
Recordó que la primera característica de esos derechos y deberes es que no son meras declaraciones, sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad y que la Constitución Nacional en cuanto norma jurídica reconoce derechos humanos para que estos resulten efectivos y no ilusorios, pues el llamado a reglamentarlos no puede obrar con otra finalidad que no sea la de darles todo el contenido que aquella les asigne. Dicho grado de operatividad significa que, en principio, su implementación requiere de una ley del Congreso o de una decisión del Poder Ejecutivo que provoque su implementación.
 
Agregó el Tribunal que los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada, están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. De esta manera, esta interpretación permite hacer compatible la división de poderes, la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo y del Congreso, con las necesidades mínimas de los sectores más desprotegidos cuando estos piden el auxilio de los jueces.
 
Consideró que si bien es incuestionable que no es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno y que no hay una única manera de responder al derecho de vivienda, las alternativas implementadas en el caso por la ciudad no daban una respuesta adecuada a las extremas circunstancias que debía afrontar la recurrente.
 
Resolvió la Corte entonces que correspondía garantizar a la actora, aun en forma no definitiva, un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas a la patología que presentaba el niño, sin perjuicio de contemplar su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad planteada. Dispuso también que se provea a la actora del asesoramiento y la orientación necesarios para la solución de las causas de su problemática habitacional.
 
Por otro lado, y en el contexto de reclamos relacionados con la emergencia económica, la Corte destacó en varios precedentes que los jueces deben decidir en el sentido más favorable a la subsistencia y conservación de la vivienda digna (causa “Dalamaca S.A.”, Fallos: 339:919, “Piacquadio”, Fallos: 338:349).
 
Informe: Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
 
 
Fuente: Centro de Inf. Judicial

28-02-2018