18 de Septiembre, 2020
Radio Mercosur
Política

La verdad sobre el proyecto de reforma de la Justicia Penal en Argentina

Pablo Lanusse - “El objetivo de la reforma judicial es convertir a la Argentina en un espejo de la dictadura chavista”

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Desde que el presidente Alberto Fernández dio a conocer el proyecto de reforma judicial se han ido multiplicando las voces que cuestionan la iniciativa. La Cámara del Crimen porteña, los jueces de los tribunales orales y la asociación que nuclea a los profesores de Derecho Procesal Penal, entre otros actores del ámbito judicial, han manifestado sus críticas al proyecto.
 
Sobre este tema, Infobae dialogó con Pablo Lanusse quien se desempeñó como fiscal federal adjunto ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción, secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, y coordinador y representante del Ministerio de Justicia de la Nación ante el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero, entre otros cargos que ocupó en la función pública.
 
-Al comenzar a tratar los pliegos de los jueces Leopoldo Bruglia y Juan Pablo Bertuzzi, ¿el Senado está desobedeciendo la orden de la jueza Biotti?
 
 
 
-Evidentemente creo que hay que analizar el contexto para que no se pueda permitir la utilización de la construcción de un relato fraccionado para tratar de dar validez a la clara desobediencia a una orden judicial que dictó la jueza Biotti. ¿Por qué hablo del contexto? Porque la jueza Biotti dicta una medida precautelar para ordenarle al Senado que no dé tratamiento a los pliegos que envió el Poder Ejecutivo a instancias de la resolución que tomó el Consejo de la Magistratura, donde desempató el voto la diputada Camaño para revisar estas designaciones, y la jueza Biotti con absoluta claridad y absoluto acierto constitucional dispone la medida cautelar para evitar que la situación de hecho y jurídica que hoy existe, que es que los jueces Bruglia y Bertuzzi, jueces de la Cámara Federal, no puedan ver en peligro esa situación de hecho mientras se discute la legalidad constitucional de lo que decidió por mayoría el Consejo de la Magistratura. Sería un absurdo que permitieran el tratamiento en el Senado de los pliegos de Bruglia y Bertuzzi, que obviamente, es evidente de antemano que el Frente de Todos tiene la clara voluntad de afectar la inamovilidad de la que gozan constitucionalmente esos magistrados para sacarlos de la Cámara Federal y armar una Cámara a medida del plan de impunidad que persigue un sector del Gobierno. Entonces esta medida cautelar justamente es garantizar que no haya una modificación a la estabilidad e inamovilidad de estos jueces, mientras se les permite discutir en la Justicia si esa resolución del Consejo de la Magistratura y la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de enviar los pliegos es acertada constitucionalmente o no.
 
-¿Considera que es constitucional lo que hicieron el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo?
 
-Desde mi punto de vista, claramente no es acertado. Las designaciones de Bruglia y Bertuzzi son absolutamente constitucionales y fundamentalmente -lo que es mucho más grave- es que si alguien, en este caso el Consejo de la Magistratura y el PEN, quisiera cuestionar el acto administrativo que se encuentra firme de traslado, juramento y posesión de los jueces Bruglia y Bertuzzi como miembros de la Cámara Federal, no es la vía una resolución del Consejo de la Magistratura ni la vía del PEN de enviar un pliego al Senado, la forma de cuestionar esa situación jurídica firme sino que lo que debería hacer es utilizar una acción de lesividad, que es la forma en que jurídicamente se discute la validez de la que goza con presunción todo acto firme de la administración pública. Por donde se mire esta embestida contra los jueces Bruglia, Bertuzzi, el juez Castelli, y una cantidad más de jueces federales tiene que ser advertida con mucha preocupación por toda la sociedad argentina, tiene que ser vista con mucha alerta, tiene que ser vista como un enorme atropello a la vigencia de la república, porque una de las garantías para que exista el Poder Judicial es reconocer, garantizar y mantener en forma incólume la inamovilidad de los jueces, que es uno de los pilares en que se basa la garantía del juez imparcial. Esto es un atropello institucional que se está consumando claramente en la desobediencia del Frente de Todos en el Senado que podría ser analizada incluso desde la faz penal, porque está poniendo en crisis la vigencia del orden constitucional en la República Argentina. El Poder Legislativo no puede desoír una orden legítima de un juez de la Nación.
 
 
-¿La Corte ya se había pronunciado sobre el traslado de los jueces?
 
-Esto ya fue zanjado por la Acordada número 7 del año 2018 de la Corte Suprema, cuando el mismo Consejo de la Magistratura, además del ministro de Justicia Germán Garavano, consultaron al máximo tribunal para que aclare los alcances de la acordada 4 del 2017, que había dejado sin efecto el traslado de un tribunal oral criminal para convertirlo en tribunal federal. Allí la Corte fue categórica, tanto en respuesta al Consejo de la Magistratura como al Ministerio de Justicia, diciéndole que todo juez, que con consentimiento de ese magistrado, sea trasladado dentro del ámbito mismo de la competencia material por la que fue nombrado, es decir, un juez federal dentro de la competencia federal, un juez dentro de la competencia ordinaria, puede ser trasladado constitucionalmente sin necesidad de un nuevo acuerdo del Senado con el sólo consentimiento del interesado y el acto administrativo que así lo disponga. Eso fue lo que ocurrió con el traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi. Esa acordada 7 del año 2018 de la Corte fue acatada por el Consejo de la Magistratura más allá de haya podido dar un cambio de mayorías a partir de la última elección del año 2019. Bien sabemos que nos regimos en un país en donde la República lo que pone en privilegio son las instituciones y la estabilidad institucional. El Consejo de la Magistratura aceptó esa decisión y ese criterio muy fundado de la Corte Suprema que, con precisión constitucional, supieron poner el fiel de la balanza de cuándo un traslado de un magistrado con su consentimiento es constitucional sin necesidad de requerir un nuevo acuerdo del Senado.
 
-¿Esto se puede tomar en forma aislada o tiene algún tipo de relación con un plan en el que pueden confluir la reforma judicial y la embestida contra el procurador general interino Eduardo Casal?
 
-Efectivamente esto no es un hecho aislado, esto es la colocación de un ladrillo nuevo en esta pared del palacio de la impunidad que se está construyendo para la señora Cristina Fernández de Kirchner y otros de los integrantes de su gobierno del 2007 al 2015. No podemos divorciar esta intención de afectar la inamovilidad constitucional de jueces por parte del núcleo duro del kirchnerismo con la reforma de impunidad judicial que están promoviendo, sin consensos, con vacíos groseros en su supuesta fundamentación y con datos objetivos de la realidad que incluso muestran absolutos desaciertos en algunas pretensas argumentaciones con la que quieren vestir de mejora del servicio de justicia esta reforma. Nadie puede desconocer que el sistema de justicia necesita mejorar, pero es claro que el camino elegido lejos está de constituirse en una herramienta para ello.
 
-¿Es necesario crear más juzgados federales en la Capital Federal?
 
-Hoy, avanzada ya la segunda década del siglo 21, donde se impone cada día más la presencia de un sistema acusatorio, esto es, en donde investigan los fiscales y los jueces se convierten en lo que siempre debieron ser, que es ser garantes de los derechos y libertades de las partes, no el responsable de investigar, es increíble que se pretenda crear 46 juzgados federales nuevos en el ámbito de la Capital Federal, donde no solamente excede en abundancia la cantidad que va a existir por millón de habitantes en relación a lo que son por ejemplo los juzgados federales del conurbano, y sin embargo en nada se mejora la dotación de magistrados, secretarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Estos serían aquellos que en un nuevo esquema controversial sean las partes que estén en el día a día de una investigación y que el juez de garantías se reserve ese rol esencial. Es increíble que esta reforma, que supuestamente quiere mejorar y habla de extraer el manejo político de la Justicia en Comodoro Py, con un claro e inadmisible agravio a tantísimos jueces, fiscales, defensores, secretarios y empleados que día a día ejercen con absoluta honestidad y pasión la vocación dentro de Comodoro Py, crean que este supuesto objetivo se va a conseguir con tantísimos jueces que van a estar por lo menos un año en situación de subrogantes. La Corte en precedentes sobre situaciones similares que creó el kirchnerismo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el máximo tribunal dijo que la figura de un juez subrogante viola la garantía de inamovilidad de un magistrado, que no es sólo una garantía para un magistrado sino especialmente establecida en favor de todos los ciudadanos porque es la forma de tener jueces imparciales, que no estén sujetos al humor de los poderes de turno. Esta reforma tiene un claro nombre y apellido, es una reforma que tras un argumento cierto, que sería mejorar el sistema de justicia, lo que en realidad viene a coronar es un traje a medida hecho por la sastrería del núcleo duro kirchnerista en favor de su líder Cristina Fernández de Kirchner.
 
 
 
Esto se enlaza con la persecución inaceptable contra el procurador general Eduardo Casal, que no solamente lleva intachables décadas de extraordinarios servicios en función de la consolidación del Ministerio Público Fiscal como un órgano extrapoder autónomo para las garantías de la política criminal del Estado, sino que es un señor que no merece los ataques indignos a los que está siendo expuesto con finalidades absolutamente mezquinas y argumentos falsos y arteros. Pero esto es necesario en la construcción de impunidad que se está percibiendo por cuanto el núcleo duro del gobierno y el propio presidente Alberto Fernández y su socia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, carecen de los dos tercios para designar al candidato por ellos propuesto, el Dr. Daniel Rafecas. El espacio de Juntos por el Cambio ya ha expresado que no hay voluntad para apoyar en el Senado a ese candidato. Frente a ello se alzaron las críticas al procurador general de la Nación con una única finalidad que es intentar un juicio político carente de todo dato cierto y objetivo para poder destituirlo constitucionalmente, o bien, horadar su voluntad y su firmeza personal e institucional queriendo generar una sensación de vacío en su persona para que él sea expuesto y obligado a renunciar.
 
-¿Hay algún precedente de una situación como esta?
 
-Todo lo que estamos viviendo, el kirchnerismo ya lo ejecutó en Santa Cruz antes de ser gobierno nacional. Me refiero al precedente del procurador Sosa. El kirchnerismo lo echó para designar en ese lugar al actual procurador del Tesoro Carlos Zannini. Y tiene que tenerse bien en cuenta de la importancia de la medida cautelar que dictó la Dra. Biotti a favor de los jueces Bruglia y Bertuzzi en el sentido que el procurador Sosa -con el patrocinio del Dr. Daniel Sabsay- llevó su inconstitucional remoción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya habiendo sido destituido y encontró innumerables fallos favorables para que la provincia de Santa Cruz lo restituyera en su cargo, cosa que pese a las multas que se le impusieron a la provincia por incumplir la orden del máximo tribunal, Santa Cruz nunca restituyó a Sosa en el cargo. Si el Congreso y el Poder Ejecutivo deciden desobedecer la orden de la jueza Biotti, los jueces Bruglia y Bertuzzi van a correr la misma suerte y con ellos los ciudadanos vamos a también correr la misma suerte, esto es tener jueces que no son designados por mérito, por antecedentes, por situaciones que hacen a la vigencia del estado de derecho sino a la construcción de un Poder Judicial como ya dijera algún alfil de Cristina Fernández de Kirchner, un Poder Judicial integrado por jueces militantes, que es el otro objetivo que tienen con esta reforma de impunidad que es destruir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta Corte debe reconocerse como un poder más dentro del Estado argentino, dentro de la vigencia de la República en la que nos manejamos. El kirchnerismo siempre fue reacio a la existencia de un poder como el Poder Judicial que pueda controlar los aciertos o desaciertos de los demás poderes para poner equilibrio en favor de las libertades de toda la sociedad.
 
-¿Cuál cree que es el objetivo que se busca al modificar la conformación de la Corte Suprema?
 
-Hoy quieren atacar y destruir a la Corte, y quieren inventar una supuesta e innecesaria creación de salas, que dicen sería más efectiva. Nada más alejado de la Constitución Nacional, de lo que es necesario. Acá lo que se persigue realmente es armar una Corte acomodaticia a este poder para terminar de consagrar lo que yo creo que es el objetivo final de todo este plan de impunidad, venganza y persecución que es la reforma de la Constitución nacional sin ningún tipo de control o freno de constitucionalidad por parte de un verdadero Poder Judicial. Con ello van a terminar de armar y modelar la actual Argentina al espejo de la dictadura chavista de Venezuela en la que este gobierno se mira con tanta simpatía. Por eso la situación es de extrema gravedad. Tenemos que estar todos muy alertas con esto que está ocurriendo, y entiendo que este 17 de agosto honraremos más que nunca las palabras del General San Martín, que dijo que había que ser libres, que lo demás no importa nada. Francamente están en riesgo nuestras libertades, nuestro patrimonio. Ya lo vimos con Vicentin. Están en peligro nuestras libertades, lo hemos visto con el Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó el Presidente estableciendo delitos como fue prohibirnos mantener reuniones privadas dentro de nuestros domicilios. Todo eso es digno de un gobierno autoritario, de un gobierno que solamente quiere disciplinar y arremeter con el miedo y el terror, y quiere encauzar la sociedad con el Código Penal y el castigo en la mano, lejos de promover una sociedad libre, responsable, plural y que trabajemos en función de valores y no del terror y del miedo.
 
 
Fuente: Infobae.com