Concejales y Diputados de Santa Cruz rechazaron la "FICHA LIMPIA"
Son más los legisladores sospechosos y los que no podrÃan desempeñarse en la polÃtica de la provincia de los Kirchner
El último rechazo de un proyecto para ecualizar la política y sacar de las boletas de campaña y organigramas del estado a personas que hayan cometido delitos y tengan condena firme, fue generado por los Concejales del Frente para la Victoria de El Calafate, quienes responden al intendente Javier Belloni.
Un proyecto de “Ficha limpia” fue presentado por la concejal Ethel Torres (EC) y rechazado de plano por los cuatro concejales del Frente de Todos/FPV poniendo como argumento la existencia de una norma similar, pero en realidad se trata de una burda excusa, pues esa Ordenanza a la que hicieron mención los ediles data del año 1967 y pone como condición que aquellas personas que no hayan cumplido con “el servicio militar obligatorio” están impedidos de ser parte de la política, algo que ha quedado absolutamente desactualizado toda vez que el presidente Carlos Menem en los años 90 abolió el mismo.
Los concejales del FPV, quienes responden directamente al intendente Javier Belloni, se negaron lisa y llanamente a aprobar una Ordenanza para el reordenamiento de la política, en contra de la transparencia y en beneficio de la ciudadanía, en relación con la imposibilidad de que delincuentes contra el propio Estado, ocupen nuevas funciones o se mezclen en listas para cargos electivos, como sucede actualmente, donde, no solo aparece gente con antecedentes de corrupción, sino golpeadores, personas con procesos por maltrato de género y deudores alimentarios.
Cualquier vecino de El Calafate o ciudadano de Santa Cruz que quiera obtener su licencia de conducir, debe cumplir más exigencias que quien se proponga como concejal o intendente en la villa turística.
Sin duda la decisión coordinada del intendente Belloni y los ediles del FPV, responde a la línea que marca desde nación el gobierno de Alberto y Cristina, quienes anularon cualquier atisbo de manifestación al respecto en el Congreso, votando en contra de esta idea para revitalizar la política y comenzar a transparentar la misma.
Hasta el momento son tres provincias las que aprobaron “Ficha limpia”, Salta, Chubut y Mendoza. En el caso de Santa Cruz la única localidad que aprobó la medida fue la comuna de San Julián, un lunar en medio de la complicidad política provincial, con el objetivo de encubrir a una clase política abyecta, absurda y cómplice de delitos de Estado.
Diputados ya la sepultó en el 2020
Poco recuerdan o no saben, quizás, que el 11 de marzo de 2020 en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Nadia Ricci (UCR) presentó el Proyecto de ley denominado “INCOMPATIBILIDADES PARA SER CANDIDATO, FUNCIONARIO PUBLICO O EJERCER CARGO POLITICO”, cuyo cuerpo resume el concepto de “Ficha limpia”.
El mismo ni siquiera fue tratado por los diputados kirchneristas (FPV/SER), quienes directamente lo mandaron a Comisiones, una forma de “dormir” el mismo y enterrarlo en el olvido, porque de allí, nunca más salió y ni siquiera se trató en esas comisiones, su contenido y sus alcances.
La abierta oposición a darle transparencia a la política, es claramente una postura partidaria del oficialismo en todas sus variantes y especialmente, de todos y cada uno de quienes conforman el frente electoral denominado “Frente de Todos” en Santa Cruz.
No existe la mínima posibilidad de aprobar una norma de transparencia, mientras en la legislatura provincial, exista mayoría oficialista, al igual que en con Concejos Deliberantes de cada ciudad.
El proyecto
Aquel proyecto de Ficha limpia ingresado por Ricci con otro nombre a principio de 2020 y que el lector podrá encontrar completo al final de este informe, señala concretamente que “…tiene por objeto evitar que las personas condenadas por delitos de corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la Provincia o de la Nación, puedan ser candidatos en elecciones generales a cargos públicos provinciales, funcionarios provinciales, o ser designados para ejercer cargos partidarios en la provincia de Santa Cruz”.
El artículo segundo dice expresamente “No podrán presentarse como candidatos a cargos públicos en las elecciones provinciales, ni ser designados como funcionarios provinciales, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios aquellas personas condenadas por un Tribunal, Cámara Criminal o Juez competente por delitos de corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la Provincia o de la Nación. Hasta la revocación definitiva de la sentencia”.
Nada de esto parece interesante para los diputados del Frente de Todos (FPV/SER), quienes no le han dado al proyecto la mínima posibilidad de sobrevida. Esto también debería recordar el votante el 14 de noviembre y en el año 2023.
FUENTE: Sobre una nota de O.P.I. SANTA CRUZ /Redacción
