Congreso de Perú aprueba ley de amnistÃa a militares acusados de delitos de lesa humanidad
La ley de amnistÃa beneficiarÃa a militares acusados de cometer crÃmenes de lesa humanidad, como tortura, desaparición forzada y homicidio.
El Congreso de Perú aprobó este jueves un proyecto de ley de amnistía a favor de los militares involucrados en delitos de lesa humanidad. Esta iniciativa, impulsada por partidos de derecha como Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, busca declarar inaplicable el delito de lesa humanidad cometido antes del 2002, cuando Perú ratificó el Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Según los legisladores que se opusieron a esta ley, la nueva norma legal otorgaría impunidad a personal de las Fuerzas Armadas acusado de diversos crímenes como tortura, desaparición forzada y homicidio. El proyecto fue aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.
La aprobación de esta ley de amnistía ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian que representa un grave retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, padre de la actual líder de Fuerza Popular.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó firmemente la aprobación de esta ley, considerándola "un grave retroceso en la búsqueda de justicia y verdad contra las violaciones a los derechos humanos". Por su parte, el director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, Yvan Montoya, señaló que la pretensión de la ley es cerrar los juicios contra exuniformados implicados en crímenes durante el gobierno de Fujimori.
A pesar de la oposición de diversos sectores, el proyecto de ley de amnistía fue aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. Los legisladores que se oponen a esta iniciativa han presentado un pedido de reconsideración, con la esperanza de revertir esta decisión que, según denuncian, representa un retroceso en materia de derechos humanos y justicia para las víctimas.
Redacción
