Bolivia y Argentina avanzan en investigación conjunta contra Evo Morales

Legisladores bolivianos de oposición han solicitado a sus pares argentinos la conformación de una comisión especial conjunta para investigar al expresidente Evo Morales por presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores en ambos países, en un caso que ha conmocionado a la región.

 

El diputado José Manuel Ormachea, representante de la alianza Comunidad Ciudadana, segunda fuerza parlamentaria en Bolivia, remitió la solicitud oficial a Nadia Márquez, presidenta de la Comisión de Relaciones Bolivia-Argentina. "Les hemos solicitado una comisión especial para que se constituyan en parte interesada en el caso de Evo Morales y que puedan colaborar con la investigación", declaró Ormachea, quien aseguró poseer "elementos de convicción y elementos importantes que quizás no los tengan en el Ministerio Público de Argentina".

 

 

A principios de noviembre, la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich elevó el perfil del caso al presentar una denuncia penal contra el expresidente boliviano. A través de su cuenta en X, Bullrich señaló: "A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia, se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con cuatro adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo". La funcionaria argentina fue contundente al sentenciar: "Morales, denunciado. El delito en suelo argentino se paga".

 

 

En territorio boliviano, la situación judicial de Morales se complica con múltiples investigaciones en curso. En la región de Tarija, la fiscal Sandra Gutiérrez lidera una investigación por trata de personas y estupro, relacionada con una presunta víctima de 15 años que habría sido embarazada por Morales en 2015, cuando él tenía 57 años y ejercía la presidencia. Gutiérrez afirmó el 30 de octubre contar con "pruebas materiales" contra el exmandatario, quien no se presentó a declarar el 10 de octubre alegando falta de garantías.

 

La situación en Cochabamba, bastión histórico de Morales, es particularmente grave. Allí enfrenta dos denuncias por presunta violación a menores entre 2014 y 2016. Además, la secretaria de Género de la Alcaldía, Tatiana Herrera, ha denunciado otros cinco casos de trata de personas y violación a niñas, presuntamente ocurridos en los últimos cinco años.

 

 

 

Frente a estas acusaciones, Morales y su equipo legal han optado por una estrategia defensiva basada en denunciar una supuesta campaña de lawfare, argumentando que se busca eliminarlo del escenario político mediante la manipulación de la justicia. Este argumento se enmarca en su disputa con el actual presidente Luis Arce, su antiguo aliado, por el control del Movimiento Al Socialismo y la candidatura presidencial para 2025.

 

Sin embargo, resulta significativo que ni Morales ni sus representantes legales hayan negado específicamente las acusaciones en su contra, limitándose a cuestionar el presunto trasfondo político de las investigaciones.

 

La posible conformación de una comisión conjunta entre legisladores bolivianos y argentinos marca un precedente en la cooperación bilateral para la investigación de delitos transnacionales, especialmente aquellos que involucran a figuras políticas de alto perfil. El caso continúa desarrollándose mientras crecen las presiones para que Morales responda ante la justicia en ambos países.

 

Redacción