Argentina logra un triunfo judicial y evita un pago de US$16.100 millones por YPF

 

El tribunal, compuesto por los magistrados Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, centró su análisis en la aplicación del derecho local. Con una mayoría de dos votos contra uno, la sentencia estableció que en la instancia anterior se realizó una interpretación equivocada de la ley argentina. Los jueces Chin y Robinson coincidieron en que, si bien Nueva York era el foro adecuado para la discusión, la normativa de nuestro país prohíbe expresamente que acciones judiciales de terceros interfieran con un proceso de expropiación, invalidando así el reclamo de los fondos.

 

Esta resolución no solo representa un alivio para las reservas del Banco Central, sino que también ratifica la exculpación de YPF. La petrolera quedó formalmente fuera de cualquier responsabilidad legal por el desplazamiento de los accionistas minoritarios. El fallo detalla que los estatutos de una sociedad anónima no constituyen un contrato bilateral que permita reclamar daños y perjuicios de la manera en que lo intentaron los demandantes, lo que debilita la posición de quienes buscaban una compensación millonaria.

 

Las repercusiones políticas fueron inmediatas y transversales. El presidente Javier Milei calificó el desenlace como un "triunfo histórico", destacando que el ahorro real para el país, sumando intereses y costas, podría ascender incluso a los US$18.000 millones. Desde el Poder Ejecutivo se celebró la estrategia de defensa que, manteniendo una línea de continuidad con argumentos presentados en administraciones anteriores, logró convencer a los jueces estadounidenses sobre la jerarquía de la ley de expropiación por sobre los estatutos corporativos.

 

En el ámbito corporativo, el impacto se sintió con fuerza en los mercados internacionales. Apenas se difundió la noticia, las acciones de Burford Capital —el fondo que adquirió los derechos para litigar tras la quiebra de las empresas Petersen— se desplomaron un 40% en la Bolsa de Nueva York y un 46% en Londres. Para los inversores, el fallo representa el cierre de una ventana de oportunidad de cobro que parecía asegurada tras la sentencia de 2023, la cual representaba en aquel entonces casi la mitad del presupuesto nacional argentino.

 

Horacio Marín, actual presidente y CEO de YPF, manifestó que este escenario permite a la compañía concentrarse exclusivamente en su plan de expansión energética y exportadora hacia la próxima década. La tranquilidad jurídica obtenida tras casi diez años de litigio posiciona a la empresa bajo una nueva luz ante los mercados de capitales, eliminando la incertidumbre que generaba el posible embargo del 51% de sus acciones, una medida que los demandantes habían solicitado formalmente.

 

A pesar de la victoria, el tribunal de apelaciones incluyó en su escrito una advertencia severa sobre la conducta del país en décadas pasadas. Los jueces señalaron que la Argentina vulneró promesas realizadas a inversores extranjeros durante los años 90 para atraer capitales, lo que afecta la credibilidad internacional. No obstante, aclararon que, aunque el accionar del Estado fue cuestionable desde el punto de vista de las expectativas de inversión, el remedio legal intentado por los fondos simplemente no encuentra sustento en el derecho aplicable.

 

Hacia adelante, el camino judicial ofrece una última y remota instancia en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los especialistas en derecho internacional coinciden en que las probabilidades de que el máximo tribunal estadounidense acepte revisar el caso son mínimas. Por lo pronto, el proceso de "discovery", mediante el cual los fondos buscaban activos embargables de la Argentina en todo el mundo, ha quedado suspendido, otorgando al país una victoria técnica y política de proporciones inéditas.

 

Redacción con información de LN