Mercosur prepara una protesta ante la Unión Europea

 

La iniciativa es impulsada por Uruguay en coordinación con Argentina, Brasil y Paraguay, que lograron consensuar una posición común frente a Bruselas pese a las diferencias internas que aún mantienen sobre el reparto de las cuotas de acceso al mercado europeo.

 

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la modificación introducida el 10 de abril por la Comisión Europea sobre el concepto de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), incorporado dentro del marco de la Directiva de Energías Renovables. Para los países del Mercosur, esta actualización podría modificar las condiciones originalmente contempladas durante la negociación del acuerdo.

 

La preocupación radica en que determinados productos agrícolas, especialmente la soja, podrían ser reclasificados como materias primas con alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo. De concretarse esa interpretación, los biocombustibles elaborados a partir de esos insumos podrían enfrentar nuevas restricciones para ingresar al mercado europeo.

 

Desde la perspectiva de la Unión Europea, la revisión normativa responde a la incorporación de nuevos criterios científicos y metodologías destinadas a evaluar el impacto ambiental de la expansión agrícola sobre tierras con importantes reservas de carbono. Sin embargo, el Mercosur sostiene que cualquier modificación posterior a la firma del acuerdo altera las condiciones de acceso negociadas entre ambas partes.

 

El segundo foco de conflicto se concentra en el sector siderúrgico. Los países del bloque manifestaron su inquietud por la intención europea de implementar, a partir del 1.º de julio de 2026, un sistema de contingentes arancelarios junto con aranceles fuera de cuota que podrían alcanzar hasta el 50% para productos de acero provenientes de terceros países.

 

Si bien Bruselas argumenta que la medida busca proteger a su industria frente a la competencia internacional, el Mercosur considera que la decisión podría restringir el comercio y afectar compromisos asumidos en el marco del acuerdo interino vigente.

 

Estas diferencias surgen mientras el bloque continúa resolviendo asuntos pendientes relacionados con la distribución de cuotas de exportación para productos sensibles como carne bovina, arroz, azúcar, etanol, miel y lácteos. Uruguay ha sostenido que ese reparto debe reflejar tanto su capacidad exportadora como su presencia histórica en el mercado europeo.

 

Para Montevideo, el acuerdo con la Unión Europea representa una oportunidad estratégica para ampliar sus ventas externas. Entre los sectores con mayores expectativas figuran la carne bovina, el arroz, la miel, la lana, los cítricos, la pesca, los aceites, la madera y diversos productos agroindustriales, que accederán a condiciones preferenciales dentro del nuevo esquema comercial.

 

El entendimiento prevé que cerca del 70% de los aranceles aplicados por la Unión Europea sean eliminados de manera inmediata, mientras que el resto de los productos ingresará mediante cuotas o cronogramas de desgravación progresiva. Por ese motivo, cualquier modificación normativa que altere el acceso efectivo al mercado europeo genera preocupación tanto en el gobierno como en los sectores exportadores.

 

Las autoridades uruguayas consideran que el verdadero valor del acuerdo no radica únicamente en las rebajas arancelarias, sino también en la previsibilidad y estabilidad de las reglas comerciales. Desde esa perspectiva, introducir nuevos requisitos regulatorios una vez iniciada la aplicación provisional podría reducir los beneficios esperados para los exportadores del bloque.

 

Por su parte, la Unión Europea sostiene que sus normas ambientales, sanitarias y productivas responden a criterios técnicos vinculados con la protección del ambiente, los consumidores y la transición energética, y rechaza que puedan interpretarse como barreras comerciales encubiertas.

 

La controversia refleja uno de los principales desafíos que acompañó las negociaciones durante más de dos décadas: compatibilizar la apertura comercial con las crecientes exigencias ambientales, la seguridad alimentaria y la protección de sectores productivos considerados estratégicos por ambas regiones.

 

La nota que el Mercosur presentará ante Bruselas no implica una ruptura del entendimiento alcanzado, pero sí constituye el primer planteo formal desde la entrada en vigor provisional del acuerdo. El episodio anticipa que la etapa de implementación será tan compleja como la negociación misma y que cada cambio regulatorio será seguido de cerca por gobiernos, empresas y exportadores de ambos lados del Atlántico.

 

Redacción con información de UY Press