La FiscalÃa de Brasil rechaza aliviar las penas que podrÃan favorecer a Bolsonaro
El fiscal general se pronunció ante el Tribunal Supremo en contra de suspender la ley que limita la acumulación de condenas. El expediente ahora quedará en manos de la máxima corte
La Fiscalía General de la República de Brasil se pronunció en contra de restablecer la vigencia de la denominada Ley de la Dosimetría, una norma que podría reducir las penas de los condenados por la trama golpista vinculada al expresidente Jair Bolsonaro. El dictamen fue remitido al Tribunal Supremo Federal (STF), que deberá resolver la constitucionalidad de la legislación.
El fiscal general, Paulo Gonet, sostuvo que la norma no puede ser considerada inconstitucional únicamente porque eventualmente beneficie a personas condenadas. En su presentación argumentó que la ley no individualiza destinatarios ni fue redactada para favorecer a acusados específicos.
Según explicó, el texto no menciona a personas determinadas, tampoco se limita a los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023 y su aplicación no depende exclusivamente de las condenas dictadas por el Tribunal Supremo, por lo que rechazó los argumentos que cuestionan su validez constitucional.
La controversia se originó luego de que el juez del Supremo Alexandre de Moraes suspendiera temporalmente la aplicación de la ley tras la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad. El magistrado consideró que existían nuevos elementos procesales suficientes para frenar su entrada en vigor hasta que el máximo tribunal adopte una decisión definitiva.
La posición de la Fiscalía difiere de la sostenida por la Abogacía General de la Unión (AGU), organismo que representa jurídicamente al Poder Ejecutivo brasileño. Ese organismo había respaldado la suspensión al considerar que los ataques contra el sistema democrático requieren una respuesta penal proporcional a la gravedad de los hechos.
La Ley de la Dosimetría establece que las penas correspondientes a los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no deben acumularse cuando ambos sean cometidos dentro del mismo contexto delictivo. Además, contempla reducciones de entre un tercio y dos tercios para quienes hayan participado en grado de tentativa sin haber financiado ni liderado las acciones.
En caso de entrar en vigor, la norma podría beneficiar a varios de los acusados por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre ellos figura el expresidente Jair Bolsonaro, además de exfuncionarios y exjefes militares que enfrentan procesos por su presunta participación en la organización de los hechos.
La lista de potenciales beneficiarios incluye al excomandante de la Marina Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno, entre otros investigados.
Con el dictamen de la Fiscalía incorporado al expediente, el Tribunal Supremo Federal deberá continuar el análisis de la constitucionalidad de la ley. La decisión que adopte la Corte será determinante para definir si la norma puede aplicarse y cuál será su impacto sobre las causas abiertas por el intento de ruptura del orden democrático en Brasil.
Redacción
