Denuncias de Morales revelan tensión con el Gobierno

El expresidente boliviano Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, ha denunciado que el Gobierno de Luis Arce le ha prohibido el acceso a atención médica y la obtención de un certificado médico. Esta situación ha sido presentada como una justificación para su inasistencia a dos audiencias judiciales, lo que llevó a un juez a declarar su "rebeldía".

 

Durante su programa dominical en la emisora cocalera Kawsachun Coca, Morales expresó su indignación: "No entiendo ese carácter de prohibirme atenderme y prohibirme tener certificado (médico). Eso quiero que sepa el pueblo boliviano hasta dónde llega el atrevimiento". Su declaración ha resonado en un contexto de creciente tensión política en Bolivia.

Morales debía presentarse ante un tribunal en Tarija para responder a cargos de trata agravada de personas, relacionados con una supuesta relación con una menor, con quien habría tenido un hijo en 2016. La defensa del exmandatario presentó un certificado médico que justificaba su ausencia por bronconeumonía, pero el juez Nelson Rocabado postergó la audiencia con la condición de que Morales demostrara su enfermedad en un plazo de 48 horas.

Al no cumplir con el requisito, el juez declaró la "rebeldía" de Morales, lo que implicó una orden de aprehensión en su contra y el congelamiento de sus cuentas y bienes. Esta decisión judicial ha generado un debate sobre el debido proceso y los derechos del exmandatario.

Morales relató que varios médicos se negaron a atenderlo debido a una supuesta prohibición del Ministerio de Salud. Además, mencionó que un médico privado que le había realizado una valoración fue despedido de su trabajo tras emitirle un certificado. "Yo no podía entender, primero intentan matarme con bala y ahora intentan matarme no atendiendo el tema salud", recalcó el político.

 

Estas dificultades han llevado a Morales a acusar al gobierno de utilizar la salud como un instrumento de control y represión política. La situación ha levantado preocupaciones sobre la libertad de acceso a la salud en el país, especialmente para figuras políticas en la oposición.

El exgobernante ha estado bajo custodia de sus seguidores en el Trópico de Cochabamba desde octubre, temiendo la ejecución de la orden de aprehensión. Morales sostiene que los cargos en su contra son de naturaleza política, destinados a eliminarlo de la contienda presidencial de este año. Este contexto ha reavivado las tensiones entre el MAS y otros sectores políticos en Bolivia.

A pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional que limita la reelección en Bolivia, Morales asegura que está habilitado para postularse nuevamente. La incertidumbre sobre su futuro político se amplifica con la proximidad de las elecciones generales, programadas para este año.

La relación entre Morales y el presidente Arce ha deteriorado desde finales de 2021, cuando empezaron a surgir diferencias sobre las decisiones del gobierno y el control del MAS. Morales ha criticado abiertamente la gestión de Arce, acusando a su administración de traicionar los principios del movimiento que él mismo lideró. Este conflicto interno ha debilitado la cohesión del partido y podría tener repercusiones en las próximas elecciones.

La situación de Morales ha generado diversas reacciones en la sociedad boliviana. Mientras algunos sectores lo defienden y consideran que su proceso judicial es una persecución política, otros apoyan las acciones del gobierno y creen que se debe garantizar la justicia. Organizaciones de derechos humanos también están observando de cerca el caso, preocupadas por la posible violación de derechos fundamentales.

 

La situación de Evo Morales es un reflejo de las tensiones políticas que atraviesan Bolivia en la actualidad. Las acusaciones de impedimentos a su salud y el contexto judicial en el que se encuentra subrayan la complejidad de su legado y la polarización del país. A medida que se acercan las elecciones, la historia de Morales seguirá siendo un tema central en el debate político boliviano.

 

Redacción