HidrovÃa: Gobierno implementá auditorÃa de la ONU y lÃmites tarifarios
El Gobierno ha decidido activar una nueva licitación para la HidrovÃa Paraná-Paraguay, con el objetivo de mejorar la gestión del transporte fluvial y asegurar la transparencia del proceso
La publicación de los nuevos pliegos está prevista entre octubre y noviembre, con la intención de adjudicar el contrato en el primer semestre de 2026. Esta licitación es crucial, ya que por la Hidrovía circula aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites, representando cerca de 28.000 millones de dólares anuales en comercio exterior agroindustrial.
La nueva licitación busca dejar atrás el fallido intento anterior, que fue anulado en febrero debido a denuncias por falta de transparencia. Esta vez, el proceso estará bajo la auditoría de la UNCTAD, el organismo de la ONU para el Comercio y Desarrollo, garantizando así una mayor supervisión. “Pedimos que nos fiscalicen desde las mesas participativas hasta la adjudicación. Queremos blindar este proceso frente a cualquier operación política o empresarial”, afirmaron fuentes oficiales.
Las mesas técnicas, que han tenido lugar en varias provincias, han permitido la participación activa de entre 80 y 100 representantes de diversos sectores, incluyendo puertos, agroexportadores y universidades. Esto ha facilitado un debate concreto sobre los pliegos, con un enfoque en solucionar problemas específicos, como los anchos de canal y las zonas de sobrepaso.
Exclusión de empresas estatales y control privado
El nuevo pliego mantendrá la cláusula que excluye a empresas con control estatal extranjero, evitando la participación de dragadoras chinas. Además, el esquema será completamente privado, con el Estado actuando como un ente de control activo a través de mesas de inspección compuestas por usuarios del río y autoridades locales.
Cambios en plazos y tarifas
El plazo de concesión se reducirá de 30 a 20 años, lo que se considera el mínimo necesario para amortizar las inversiones en dragas nuevas. En cuanto a las tarifas, se establecerá un tope que no podrá superar el costo actual, fomentando la competencia entre las empresas y buscando así una reducción en los costos logísticos.
La deuda de 78 millones de dólares con Jan de Nul sigue siendo una preocupación, pero se están evaluando alternativas para que no represente una barrera de acceso para los nuevos adjudicatarios. Después de las mesas de julio y agosto, se abrirá una audiencia pública, y las empresas tendrán entre 60 y 90 días para presentar sus ofertas.
Transparencia y control del proceso
El Gobierno reconoce que la licitación será objeto de disputas e intereses diversos, pero se compromete a mantener la transparencia. Todo lo discutido en las mesas será documentado y publicado, asegurando que se escuchen todas las voces antes de la adjudicación final.
Con esta nueva iniciativa, el Gobierno busca no solo mejorar la competitividad del sector agroindustrial argentino, sino también establecer un proceso claro y auditable que garantice la correcta utilización de los recursos públicos y la eficiencia en el transporte fluvial.
Redacción
