La logística y las cadenas de suministro en el Mercosur se preparan para una transformación significativa. El Consejo del Mercado Común (CMC), el órgano decisorio del bloque, ha aprobado recientemente una resolución que amplía las listas nacionales de excepciones al Arancel Externo Común (AEC). Esta medida permitirá a cada país ajustar temporalmente los aranceles de ciertos productos importados, introduciendo un nuevo nivel de flexibilidad comercial que impactará directamente en la planificación operativa y logística de las empresas que forman parte de las cadenas regionales.
El AEC, que regula la unión aduanera del Mercosur, establece un esquema común de aranceles para productos provenientes de fuera del bloque. Desde 2010, cada país ha podido mantener una Lista Nacional de Excepciones (LNE) con productos cuyos aranceles pueden diferir del esquema general. La reciente resolución, anunciada por el canciller argentino Gerardo Werthein, permite la creación de una LNE "temporaria" con hasta 50 nuevos códigos arancelarios por país, exclusivamente para reducir alícuotas.
Esta medida presenta tanto oportunidades como desafíos para el sector logístico. Las empresas que operan en las cadenas de abastecimiento regionales deberán analizar cómo estos cambios afectarán el costo total de importación, las decisiones de abastecimiento y los flujos físicos de bienes. La inclusión de nuevos productos con aranceles reducidos podría alterar la matriz de proveedores internacionales, especialmente en industrias que dependen de insumos importados. Esto podría llevar a modificaciones en el país de origen, la frecuencia de ingreso y la modalidad de transporte utilizada.
“Cada cambio arancelario es una señal que puede alterar la forma en que una empresa diseña su estrategia logística. No se trata solo de costos aduaneros, sino de impacto en inventarios, lead times y planificación operativa”, explican expertos del sector.
No obstante, la nueva normativa también implica un aumento en la complejidad regulatoria. Cada país contará con su propia LNE temporaria, con diferentes periodos de vigencia: hasta 2028 en Argentina y Brasil, hasta 2029 para Uruguay y hasta 2030 para Paraguay. Esto requerirá un seguimiento detallado de las regulaciones en cada mercado, especialmente para quienes brindan servicios regionales.
Aunque la resolución se centra en las importaciones extrabloque, también puede tener efectos indirectos sobre el comercio intrabloque. Una mayor disponibilidad de productos importados a menor costo podría afectar la competitividad de ciertos bienes producidos localmente, obligando a algunos sectores a revisar sus estrategias de distribución y logística.
Además, esta medida podría facilitar acuerdos bilaterales con otros países, como Estados Unidos, lo que subraya la necesidad de adaptar las cadenas de suministro a nuevos esquemas de preferencia arancelaria.
Desde el punto de vista logístico, la nueva etapa del Mercosur enfatiza la necesidad de que la flexibilidad regulatoria se acompañe de una mayor agilidad operativa. Las empresas deberán actualizar constantemente su planificación de abastecimiento y transporte, poniendo especial atención en los productos que se beneficiarán de las excepciones arancelarias. El sector logístico se reafirma como un actor clave en la capitalización de los beneficios de esta medida, siendo su capacidad para anticipar cambios y cumplir con los marcos normativos determinante en un contexto regional que demanda cada vez más coordinación y eficiencia.
Redacción con información de Infobae
