Uruguay se ha decidido a actuar como "amicus curiae" en el juicio por YPF que se lleva a cabo en Estados Unidos, especialmente en la apelación de Argentina contra el fallo del 30 de junio de 2025. Este fallo resolvió la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte de un pago a los beneficiarios del caso, lo que ha generado importantes repercusiones tanto en Argentina como en el resto de la región. El gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío significativo, ya que el fallo inicial determinó un pago de 16.000 millones de dólares, cifra que ya asciende a 18.000 millones considerando los intereses devengados, en los casos de Petersen Energía Inversora, S.A.U. y otros, y Bainbridge Fund Ltd. contra la República Argentina.
El caso, bajo la jurisdicción de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha sido un problema persistente para el Estado argentino. La orden de entrega de acciones está actualmente suspendida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, lo que ha permitido al gobierno argentino buscar apoyos internacionales en su esfuerzo por apelar la decisión relacionada con la expropiación de YPF en 2012. En este contexto, Uruguay fue uno de los países consultados para brindar respaldo, una solicitud que fue aceptada por el presidente Yamandú Orsi.
En su resolución, el gobierno uruguayo indicó que la participación como "amicus curiae" se justifica por la necesidad de apoyar a Argentina en esta fase del proceso, ya que el fallo de Preska representa un precedente que podría afectar los intereses de otros Estados en futuros litigios ante tribunales estadounidenses. La administración del Frente Amplio (FA) considera fundamental continuar respaldando a Argentina, y por ello, se ha designado al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, para coordinar con el gobierno argentino la elaboración del escrito de apoyo.
La figura del "amicus curiae", que se traduce del latín como "amigo de la corte", permite que un tercero ajeno al litigio presente su opinión sobre el caso. Aunque Uruguay no formará parte de la apelación contra la sentencia de primera instancia que condenó al Estado argentino, su intervención busca evitar que se establezcan precedentes que puedan perjudicar a otros países en litigios similares. Esta perspectiva es compartida por el Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump, que también se ha involucrado argumentando que el fallo afecta la inmunidad soberana, un principio fundamental del derecho internacional que protege los bienes de un Estado.
El rol de "amicus curiae" es fundamental para asistir al tribunal a tomar decisiones más informadas y precisas, proporcionando información y argumentos que van más allá de los alegatos de las partes involucradas. Esta tarea recaerá en el prosecretario Díaz, quien se encargará de trabajar en el escrito de apoyo a la defensa argentina.
La decisión judicial sobre esta apelación se espera para el 27 de octubre, mientras que la apelación a la sentencia de 2023 podría resolverse en los primeros meses de 2026. La participación de Uruguay en este proceso no solo refleja la solidaridad entre los dos países, sino también una estrategia más amplia para proteger los intereses soberanos en el contexto de litigios internacionales.
Redacción con información de ámbito
