Suspensión del Mercosur es un golpe de Estado

 

Sin embargo, sus homólogos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aseguraron en un comunicado haber informado a Rodríguez sobre el cese (a Venezuela) del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del bloque.

 

Al denunciar una ley de la selva que está destruyendo al Mercosur, la ministra señaló que Caracas no reconoce este acto írrito que empuja al grupo a la ilegalidad. 

 

Rodríguez advirtió además que la rica nación petrolera -sumida en una grave crisis política y económica, de la cual el Mercosur es absolutamente ajeno- seguirá ejerciendo la presidencia legítima (del mecanismo) y participará con derecho a voz y voto en todas las reuniones como Estado Parte. 

 

El Mercosur se dirige desde su sede central de Montevikdeo, razón por la cual, todo lo que intente Venezuela estará viciado de nulidad absoluta, ya que, de ninguna manera se aceptarán actos en calidad de presidencia pro témpore, ya que ese estado fue rechazado por lo cuatro estados fundaadores del Mercosur en pleno.

 

 

 

La suspensión se produjo al cumplirse el jueves el plazo de tres meses que los fundadores del grupo dieron al gobierno de Nicolás Maduro para que incorporara a su legislación una serie de disposiciones comerciales y políticas, incluida la de respeto a derechos humanos.

 

La sanción regirá hasta que se convenga con Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado Parte, añadieron los cancilleres.

 

Venezuela -que ingresó al bloque por la ventana en 2012- sostiene que algunos de los compromisos de adhesión chocan con su normativa interna, si bien el martes se dijo dispuesta a suscribir uno de los convenios pendientes, relacionado con aranceles comunes y libre circulación de bienes.

 

La suspensión se avizoraba desde que los otros integrantes bloquearon en julio el acceso del país caribeño a la presidencia semestral del grupo, fundado en 1991. En septiembre ocuparon la vacante de forma colegiada y plantearon el ultimátum.

 

El internacionalista argentino Gabriel Puricelli explicó en Buenos Aires que Venezuela fue incluida como miembro pleno aun cuando no había completado los requisitos, gracias a un entorno político favorable de gobiernos de izquierda en Argentina, Brasil y Uruguay.

 

Esa realidad cambió con la llegada al poder de presidentes liberales de centro-derecha en Brasil y Argentina, con lo cual, según Puricelli, dejó de existir la voluntad política de mantenerlo en condiciones excepcionales.

 

La oposición venezolana aseguró que la medida también ocurre porque Maduro desconoce al Parlamento -bajo control de sus adversarios-, que debía refrendar los acuerdos de adhesión.

 

En medio de un duro intercambio verbal con sus socios, Venezuela dijo el miércoles que activó un mecanismo de resolución de controversias del bloque ante lo que llamó agresiones y hostigamiento.

 

Pero Puricelli no cree que el país pueda presentar un caso legal dentro del Mercosur porque está en falta por incumplimiento de compromisos.

 

Aunque los miembros del grupo no vinculan directamente la sanción con la crisis interna, ésta supone la censura más fuerte de un ente internacional contra Venezuela en medio de la conflictividad política y la debacle económica, agravada por la caída de los precios del petróleo y la persecución, cada vez más profunda, de los opositores políticos al chavismo, acrecentando considerablemente el número de presos políticos del gobierno venezolano.

 

El gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, ha enfrentado este año una ofensiva de la oposición para anticipar su salida del poder mediante un referendo revocatorio -cuyo proceso fue suspendido en octubre- o un anticipo de las elecciones presidenciales previstas para 2018. Maduro, pese a la estrepitosa caída que se le acerca peligrosamente, se ha negado caprichosamente a otorgar el Revocatorio al pueblo y a llamar a elecciones como manera de tranquilizar a la opinión pública castigada por la persecución y el hambre. 

 

 

 

El presidente venezolano acusa en particular a Argentina, Brasil y Paraguay de confabularse, dentro de un complot liderado por Estados Unidos, para destruir la revolución bolivariana del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013). 

 

En realidad, EEUU va a cambiar el gobierno el 20 de enero próximo y, por lo que se sabe, por las primeras declaraciones de Trump, Venezuela seguirá siendo observado por el gobierno norteamericano, que ya muestra signos de disgusto con Nicolás Maduro, por los insultos permanentes del chavista. Los países fundadores del Mercosur han denunciado violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, como el encarcelamiento de opositores, lo que a su juicio le impide ser parte del Mercosur.

 

Pero incluso antes de su ingreso, Venezuela ya era visto como un socio incómodo por Paraguay, cuya suspensión en 2012 allanó el camino para la entrada por la ventana del país petrolero.

 

La medida contra Asunción ocurrió luego de un juicio parlamentario llamativo, que destituyó al presidente Fernando Lugo, aliado de Chávez.

 

Venezuela entra al Mercosur por una ventana, no por una puerta (...), en el marco de una maniobra que echó a Paraguay para poder meter a Venezuela en una forma poco decorosa, afirmó el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.

 

 

 

Entretanto, el oficialismo le pidió a la máxima corte que designe a dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), una decisión que corresponde al Parlamento de mayoría opositora, añadiendo más tensión al frágil diálogo para resolver la crisis política.

 

Al presentar la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el diputado Héctor Rodríguez recordó que esa instancia declaró en desacato a la Asamblea, por lo que todos sus actos son nulos y está impedida de nombrar a funcionarios. O sea, lo que siempre se hizo porque era legal, ahora se cambió por la pelea que Maduro tiene con la Ley y con la Asaamblea Nacional, que se mantiene por la fuerza de la oposición venezolana.

 

El propósito del recurso es que la Sala Constitucional corrija la omisión legislativa como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, declaró Rodríguez a periodistas.

 

El diputado recordó que, bajo la figura de la omisión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos sentencias en 2003 y 2014 para designar a rectores del CNE y otras autoridades judiciales. El mandato de dos de los cinco rectores del CNE finaliza el próximo domingo.

 

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa de su lado al TSJ y al CNE de ser apéndices del chavismo. El pasado miércoles dejó en suspenso su continuidad en las negociaciones que auspician el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

 

El TSJ declaró en desacato al Parlamento a raíz de la juramentación de tres diputados, cuya elección el 6 de diciembre de 2015 suspendió por una denuncia de fraude del oficialismo.

 

Los parlamentarios pidieron su desvinculación el 15 de noviembre, tal y como acordaron gobierno y oposición en el diálogo iniciado el 30 de octubre, pero el chavismo considera que su salida tenía que ser votada por el pleno de la Asamblea.

 

De ese modo, la superación del desacato pactada en la mesa de conversaciones se halla entrampada.

 

La designación de rectores en el CNE es clave para la oposición, que exige una salida electoral a la crisis en las negociaciones con el gobierno.

 

La MUD plantea reactivar el proceso para un referendo revocatorio contra Maduro -suspendido por el CNE el 20 de octubre- o un adelanto de las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2018, pero Maduro dice que esos temas no están en la agenda.

 

Aduciendo que el gobierno no ha cumplido con lo acordado, la oposición puso en duda su participación en la tercera ronda de diálogos el próximo martes e incluso amenazó con romper el diálogo.

 

Para el abogado constitucionalista Tulio Álvarez, la omisión legislativa ha sido propiciada por el oficialismo, que ahora utiliza el recurso ante el TSJ como mecanismo de presión para que la MUD ceda en las negociaciones.

 

 

Fuente: Redacción Internacional Con AFP - El Nuevo Siglo - Bogotá - Colombia