MAXIMA TENSIÓN EN VENEZUELA

 

El pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la solicitud hecha por el diputado chavista Pedro Carreño para determinar si hay méritos para llevar a juicio a Ortega Díaz, lo que podría implicar el cese temporal en sus funciones.

 

En el recurso de Carreño se considera que la fiscal supuestamente ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa" y de actuar ignorando la Constitución.

 

En la solicitud también se piden medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes, las cuales "se encuentran en estudio", según informó el mismo Supremo.

 

Ortega advirtió más tarde que llegará "hasta donde se lo permita la ley" al ser consultada sobre la posibilidad de ser enjuiciada y apuntó que podría estar cerrándose "la última puerta de la democracia", que es el Ministerio Público.

 

Dijo que en Venezuela este tipo de acciones, como las iniciadas por dirigentes chavistas para llevarla a juicio, no tendrían cabida si en el país se respetara la Constitución y señaló en este sentido que en el país "se ha desmantelado el estado de derecho" y que "más bien en un estado de terror".

 

Reiteró que se opone a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa el presidente, Nicolás Maduro, un proceso contra el que ha introducido recursos legales ante el Supremo por considerar que su convocatoria se ha hecho de forma ilegal al no ser consultada antes al pueblo, amparos que han sido rechazados por la corte.

 

En los últimos meses la fiscal, antes ficha considerada como aliada del chavismo, ha emitido criticas y ha introducido recursos legales, no solo para evitar la Constituyente, sino también para que sean destituidos magistrados del Supremo que a su juicio fueron elegidos por el oficialismo en un proceso poco claro.

 

Ortega también ha reprobado la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en la represión de las manifestaciones opositoras que se realizan desde hace 81 días y hoy señaló que ha sido "grave" la violación de los derechos humanos en esos escenarios, que han dejado 75 muertos.

 

"Estoy segura de que la Corte Penal Internacional, el expediente que debe tener de Venezuela puede medirse con una cinta métrica (...) porque ha sido grave el tema de la violación de los derechos humanos", señaló.

 

Informó que la Fiscalía ha emitido órdenes de captura contra 23 funcionarios de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) por la muerte de manifestantes, pero que no se han concretado estas detenciones y que desde el 1 de abril se han registrados 1.413 lesionados, 1.138 de ellos civiles.

 

Mientras, el presidente Maduro designó un nuevo Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al tiempo que ratificó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aunque le relevó como jefe del Comando Estratégico Operacional militar (CEOFANB).

 

Entre los cambios hechos hoy por Maduro destaca la remoción del jefe de la GNB, Antonio Benavides, un día después de que se informara que ese componente de la FANB causó la muerte de un joven de 17 años en una protesta en Caracas.

 

Activan artículo 350 de la Constitución

 

Por su parte la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció su decisión de desconocer al Gobierno de Maduro y la convocatoria a la asamblea constituyente, al tiempo que llamó a organizar una "protesta permanente".

 

El presidente de la Cámara, el opositor Julio Borges, dijo como portavoz de la MUD que el Gobierno "se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie de acuerdo al artículo 350 de la Constitución".

 

El diputado leyó un comunicado en el que indicó que no se puede "esperar bajo ningún concepto hasta el 30 de julio", día en el que está prevista la elección de la Constituyente, para desconocerla.

 

CNN Money - Por Patrick Gillespie, CNNMone

 

 

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Un día antes de las megamarchas en Venezuela, el Fondo Monetario Internacional reveló las perspectivas económicas para el paísY el panorama es poco alentador: se espera que el desempleo supere el 25% este año y llegue al 28% para el 2018Además, la inflación se disparará en un 720% este año, lo que representa la mitad de las predicciones anteriores.

 

Venezuela se está hundiendo en una crisis, mientras los ciudadanos se preparan para las megamarchas a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro, convocadas para este miércoles.

 

Y en medio de ese escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló, sin atenuantes, sus perspectivas actualizadas sobre la economía del país.

 

“Venezuela permanece atrapado en una profunda crisis económica”, escribieron los autores del FMI en su documento de Perspectivas Económicas Mundiales.

 

Está previsto que el desempleo en la nación latinoamericana supere el 25% este año y llegue al 28% para 2018. En 2015, este indicador registraba apenas un 7,4%.

 

Además, la economía venezolana se contrajo un 18% en este último año, que es el tercero en recesión: se espera que tanto el 2017 y el 2018, también continúen estando en rojo.

 

La predicción del FMI sobre la inflación es bastante preocupante, pero no tanto como las expectativas anteriores. Se calcula que se disparará en un 720% este año, lo que de alguna manera representa apenas la mitad de las previsiones anteriores. Sin embargo, si Venezuela continúa por el mismo rumbo, la organización internacional sostiene que la inflación aumentará por encima del 2000% para 2018.

 

Y estas cifras son sólo la punta del iceberg.

 

Los manifestantes se han tomado las calles en las últimas semanas, después de que el gobierno de Maduro inhabilitara al líder opositor Henrique Capriles para ejercer cualquier cargo político por los próximos 15 años.  Al menos cuatro personas han muerto en medio de violentas protestas desde el pasado 1 de abril.

 

Otra mega marcha está programada para este miércoles y Maduro ha pedido al ejército patrullar las calles.

 

Durante varios años, los venezolanos han luchado por la escasez de alimentos y medicinas y, más recientemente, por la subida de los precios de todos los tipos de bienes, ya que la hiperinflación anula los salarios y el valor de la moneda: el bolívar.

 

La oposición le exige a Maduro renunciar a la Presidencia del país, ya que cualquier signo de democracia se ha desvanecido. El Tribunal Supremo de Justicia, que ha respaldado al mandatario, intentó despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes, donde hay una mayoría opositora. Sin embargo, en poco tiempo el órgano judicial revirtió el fallo, después de que se despertara una fuerte protesta pública.

 

Además, Maduro también está enfrentando presiones extranjeras.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su Twitter durante febrero pasado que Maduro debía liberar a su rival más importante, Leopoldo López, quien ha estado en la cárcel desde julio de 2014. Adicionalmente, Estados Unidos ha sancionado al vicepresidente de Maduro, Tareck El Aissami, por presunto narcotráfico.

 

La Organización de Estados Americanos, en la que están incluidos todos los gobiernos del hemisferio occidental, le exigió en marzo a Venezuela celebrar elecciones democráticas. De lo contrario, el país enfrentara a la suspensión del grupo.

 

Los homónimos de Maduro en Latinoamérica, que han mantenido un largo silencio sobre la crisis del país, empezar a manifestar sus posiciones.

 

“No están cumpliendo lo que consideramos derechos humanos", dijo el presidente argentino, Mauricio Macri, a CNN a principios de abril. "Estoy realmente preocupado por lo que está pasando”, insistió.

 

 

En medio de la tensión, Venezuela se prepara para una multitudinaria marcha opositora

Nicolás Maduro encara hoy miércoles la sexta protesta que organiza este mes la oposición para exigir elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento. Hay temores de choques con militantes del régimen chavista

 

La oposición venezolana realizará este miércoles lo que prometió será la mayor manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro, que responderá con una masiva movilización de seguidores, lo que ha desatado temores de nuevos estallidos de violencia.

 

Acuerpado por los militares, que el lunes le ratificaron "lealtad incondicional", Maduro encarará la sexta protesta que organiza este mes la oposición para exigir elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento, único de los poderes públicos que el oficialismo no controla.

 

El presidente activó la noche de este martes el Plan Zamora, un operativo militar, policial y civil para combatir un supuesto "golpe de Estado" en su contra que -aseguró- está coordinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la oposición venezolana.

 

El jefe del Legislativo, Julio Borges, llamó este martes a las Fuerzas Armadas, con enorme poder político y económico, a ser "leales" a la Constitución y a dejarlos marchar pacíficamente.

 

Las anteriores protestas derivaron en batallas entre fuerzas de seguridad y manifestantes, con cinco muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.

 

En la escalinata de la sede legislativa, Borges pidió a los soldados no una "rebelión o "un golpe de Estado", sino que "cesen los abusos", "el hostigamiento" y "la represión", algo que Maduro considera el llamado a un "golpe" por el que debe ser "procesado".

 

La mayoría opositora de la cámara aprobó, además, un acuerdo en rechazo a la "continuación y agravamiento de un golpe de Estado perpetrado por Nicolás Maduro y los órganos judiciales" con recientes sentencias, anuladas parcialmente, contra el Parlamento.

 

Este martes, la presencia de militares en las calles de Caracas era la usual.

 

Los opositores fijaron 26 puntos de salida para la manifestación que pretende llegar a la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, bastión chavista. Los oficialistas adelantaron que, como siempre, no los dejarán entrar a esa zona, donde será su marcha.

 

"Toda Caracas será tomada por las fuerzas revolucionarias y no nos alboroten", advirtió Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más poderosos del chavismo.

 

Llamándola "la mamá de las marchas", el vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara llamó a los opositores a "desbordar las calles".

 

 

El gobierno sostiene que la oposición promueve "terrorismo" y "violencia" en las marchas para derrocarlo. Sus adversarios lo acusan de represión y de torturar a detenidos.

 

Entre creciente tensión, once países latinoamericanos pidieron a Venezuela que "garantice" el derecho a la manifestación pacífica y lamentaron las muertes en protestas previas.

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos también pidió este martes garantizar el derecho a la manifestación pacífica, mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó "seria preocupación" por "la militarización de la sociedad" y llamó "a la cordura".

 

El lunes, Maduro anunció en un acto militar que el cuerpo de milicia, creado hace siete años por ley, llegará a 500.000 civiles, cada uno con su fusil, ante una eventual "intervención extranjera".

 

Al respaldar al mandatario, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, aseguró en ese acto que restablecer el orden público no es "represión".

 

Las protestas estallaron el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicara las funciones del Parlamento y levantara la inmunidad de los diputados.

 

Aunque los fallos fueron anulados parcialmente tras fuerte presión internacional, la oposición recobró impulso y el apoyo popular que perdió cuando se frustró en 2016 su meta de revocar a Maduro en un referendo y aceptó un diálogo con el gobierno, que finalmente fracasó.

 

Sin aflojar la presión, la Asamblea Nacional nombró este martes una comisión para un proceso de remoción de magistrados, aunque sus decisiones son consideradas nulas por el TSJ.

 

Algunos observadores creen que el gobierno, para calmar los ánimos, anunciará pronto fecha para los comicios de gobernadores, que debieron realizarse en 2016, pero la oposición adelantó que no cederá.

 

Maduro descarta unas elecciones presidenciales adelantadas, pero dijo estar "ansioso" de medirse en las de gobernadores y alcaldes. Analistas estiman que el oficialismo difícilmente ganaría una elección en esta coyuntura y busca tiempo.

 

Siete de cada 10 venezolanos reprueba su gestión, agobiados por la severa escasez de alimentos y una inflación galopante, en lo peor de la crisis económica del país petrolero, fuente de 96% de sus divisas.

 

(Por María Isabel SÁNCHEZ, AFP)