UN PAIS SIN JUVENTUD -DOLOROSO MENSAJE DE LOS UNIVERSITARIOS VENEZOLANOS

 

Esta triste realidad se acepta como una sentencia inexorable, y no se generan políticas o programas destinados a prevenir la violencia, enfrentar sus causas o a garantizar la protección y 

resguardo de esta población vulnerable.

 

En 2017, 15.890 adolescentes y jóvenes fallecieron en muertes violentas, cifra que corresponde al 60% del total de muertes violentas que ocurrieron en todo el país.

 

En 2017, de los 15.890 jóvenes de 12 a 29 años muertos por asesinatos, 12.553 fueron por homicidios y 3.337 por actuaciones de las fuerzas públicas, que son documentadas en los registros oficiales como “resistencia a la autoridad”. De esta manera, se hace evidente que ser joven hoy en Venezuela significa afrontar el alto riesgo de morir en circunstancias violentas, porque la situación de inseguridad y violencia impacta con mayor fuerza en la juventud.

 

Están matando a los jóvenes, principalmente a los hombres, mayoritariamente a los pobres. Los mata la delincuencia, o los mata la actuación de funcionarios de un Estado que, enfocado en políticas belicistas y violatorias de derechos humanos, parece haber renunciado a la prevención del delito y a la contención delictiva.

 

Cada año se confirma esta tendencia, y no se emprenden políticas, programas o decisiones públicas destinadas a detener este maleficio. Por el contrario, se incrementa el abandono, la 

 

desatención pública de esta población y todos los indicadores sociales advierten como, en lugar de protección y oportunidades de desarrollo, los adolescentes y jóvenes enfrentan hoy difíciles situaciones de desabastecimiento y carestía de alimentos, pobreza, precariedad de servicios básicos (agua, transporte, luz) y, por primera vez en la historia, nos enfrentamos a la lamentable realidad de adolescentes y jóvenes buscando comida en la basura, prostituyéndose para llevar comida a sus casas.

 

También hay que notar que no son pocos los adolescentes y jóvenes que dejan de comer para que sus hermanos puedan alimentarse, o salen a buscar algún ingreso para ayudar en el hogar y hasta los que se privan de gastos, preocupados porque su madre come cada vez menos para que le alcance a sus hijos. Muchos de ellos están dejando de estudiar para salir a la calle a trabajar o a mendigar en procura de un alivio a la pobreza de las familias.

 

Otros entienden que la mejor solución es irse del país y buscar un trabajo afuera con el que puedan colaborar económicamente con sus familias, o queriendo dejar de ser una carga para los padres. En este caso es el país que muere, con jóvenes capaces y dispuestos al bien común que abandonan nuestra tierra forjando sueños, trabajo y riqueza en otro lugar. En contextos de pobreza y violación de derechos humanos, la vida del joven ha estado sometida a situaciones de injusticia y uso abusivo del poder. Para miles de jóvenes que han salido a las calles en protesta pública, la respuesta del Estado ha sido la represión, el amedrentamiento, el encarcelamiento y hasta la muerte.

 

Pero los jóvenes, además de ser el sector más vulnerable a ser víctima de la violencia, también pueden convertirse en potenciales victimarios, siendo instrumentos útiles de la delincuencia organizada. Según nuestros registros, un 60,7% de los victimarios tiene menos de 30 años; un 34,5 % de este grupo tiene entre 20 y 24 años. En la mayoría de las comunidades, impera la ley que imponen grupos criminales, que someten y controlan a la población ante la ausencia de la institucionalidad del Estado. Las bandas armadas crecen y se fortalecen incorporando a adolescentes en sus actividades, con amenazas, extorsión y engaño, pero también brindándoles la comida, el dinero y las oportunidades que las familias no pueden garantizar. El aparente éxito y poder de los jóvenes armados atrae a adolescentes que ven en el delito un camino accesible a la riqueza fácil, o a ingresos que no son percibidos por quien vive honestamente de su trabajo diario.

 

Los equipos de investigación de las universidades que integramos el OVV -UCV, ULA, UDO, UCAB, UCAT, UCLA, LUZ- expresamos nuestra preocupación por la violencia que padece la juventud venezolana y reiteramos nuestra convicción ética por la defensa de los derechos a la vida y a la libertad.

 

Es hora de parar la fábrica de la incursión de adolescentes y jóvenes en la criminalidad, garantizándoles las oportunidades de alimentación, salud y educación, y atendiendo la emergencia humanitaria que hoy coloca a la mayoría de la población en situaciones de pobreza.

 

El Estado es responsable de garantizar sin más demora, políticas y programas públicos que reconozcan a los jóvenes como sujetos de derechos y personas corresponsables del desarrollo social.

 

Reiteramos nuestra esperanza en una juventud cuya vida no esté sometida a la violencia, sino aferrada a sus sueños de un futuro de paz, trabajo y conocimiento.

 

* OVV y sus sedes en Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital, Sucre, Táchira y Zulia

 

 

IMAGENES

1 - Logotipo del Observatorio Venezolano de Violencia

2 - Joven enfermera asesinada por la Guardia Bolivariana

3 - Joven Universitario asesinado en una marcha contra Nicolás Maduro

 

 

Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia

http://observatoriodeviolencia.org.ve/

12 de febrero 2018