28 de Marzo, 2024
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Política

FISCAL URUGUAYO PROPONE CASTIGOS PARA EMPRESAS CORRUPTAS

Fiscal de Corte propone castigar a empresas que participen de casos de corrupción. Jorge Díaz se mostró a favor de imponer sanciones que vayan desde la multa hasta la disolución de la sociedad

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MONTEVIDEO - URUGUAY - 10-08-2018 - El fiscal de Corte Jorge Díaz opinó que se debe "revisar toda la legislación anticorrupción del país", ya que en Uruguay "no existen mecanismos de control adecuados" para ese tipo de delitos.
 
Entrevistado en el programa Quién es quién de Diamante FM, Díaz dijo que la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) "no es un mecanismo de control adecuado de prevención de la corrupción", porque "no forma parte de un sistema integral del Estado".
 
 
En ese sentido, dijo estar a favor de ciertos mecanismos de prevención y sanción que años atrás le hubieran parecido "un disparate", como la inversión de la carga de la prueba en casos de enriquecimiento ilícito o la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
 
"Un mecanismo que se ha usado es el de tipificar figuras delictivas que lo que hacen en definitiva es facilitarle la prueba al estado", comentó el fiscal, y explicó que en ciertos países, como Colombia, si un funcionario público termina el período con un patrimonio "notoriamente superior" tiene que "demostrar" que ese enriquecimiento fue lícito.
 
Díaz dijo que "hasta no hace mucho tiempo estaba francamente en contra de este tipo de legislación" pero que "a la luz de lo que ha sucedido en América Latina y el mundo entero" ahora le "parece bien".
 
"Hay dos caras de la corrupción. Está la del funcionario corrupto. Dejamos al empresario como una especie de pobre ángel que no tuvo más remedio, obligado por las circunstancias, que participar en un acto de corrupción", afirmó.
 
Asimismo, el fiscal señaló que habría que establecer la "responsabilidad penal de las personas jurídicas", que implica darle al juez la potestad de sancionar no solo a los directores de las sociedades sino también a las propias empresas. "Eso puede ir desde una multa hasta la pena máxima, que es la disolución de la sociedad", señaló Díaz.
 
 
 
"No me cabe la menor duda de que ese es el camino a recorrer. Si no lo que pasa es que las empresas son utilizadas para cometer fraude y siguen funcionando (...) Es muy fácil hacer un pingüe negocio y luego pagar con cárcel de unos pocos", agregó.
 
Asimismo, Díaz se mostró a favor de premiar, en materia de compras estatales, a las empresas con mecanismos internos de prevención de la corrupción.
 
Fuente: EL OBSERVADOR – MONTEVIDEO – URUGUAY
10-08-2018