Arizona apela a veredicto sobre ley estatal de inmigración - Activistas protestan por entrada en vigor de ley Arizona
Abogados de la gobernadora Jan Brewer y de Arizona solicitaron a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco que revoque un mandato judicial preliminar que prohíbe partes de la ley, conocida como SB 1070, y que considere de manera expedita la apelación del estado.
Las tensiones generadas por la ley incendiaron un debate nacional sobre el tema, que se ha enconado durante décadas y promete jugar un rol relevante en las elecciones de noviembre, cuando los demócratas del presidente Barack Obama busquen retener el control del Congreso.
La jueza de distrito Susan Bolton bloqueó el miércoles los elementos más controvertidos de la ley, que ha recibido un amplio respaldo en el estado que limita con México y en todo Estados Unidos, pero que fue rechazada por el presidente Barack Obama y por grupos de derechos humanos.
Por su parte, el Gobierno de México dijo en un comunicado de la cancillería que dará "seguimiento puntual tanto a la apelación de la suspensión provisional como al procedimiento de fondo, a fin de apoyar las acciones tendientes a obtener la anulación de la Ley SB1070 en el estado de Arizona".
El Gobierno de México expresó el miércoles su satisfacción por la decisión de la jueza Bolton y consideró que era un primer paso en la dirección correcta.
En Arizona más del 88 por ciento de la población hispana es de origen mexicano, de los que cuales entre 400,000 y 530,000 son inmigrantes indocumentados, según cifras de la cancillería de ese país.
La legislatura de Arizona, controlada por los republicanos, aprobó la ley en abril para buscar que alrededor de un millón de inmigrantes ilegales abandonen el estado y detener el tráfico de personas y drogas a lo largo de la frontera con México.
ARRESTADOS
Activistas hispanos y laborales, encantados con el veredicto de último minuto el miércoles, siguieron adelante con sus encuentros en el centro de Phoenix y gran cantidad de jornaleros se ofreció para trabajar abiertamente en la ciudad, desafiando las cláusulas sobrevivientes de la ley.
La policía arrestó a por lo menos 45 manifestantes que bloquearon las calles cercanas a la oficina del alguacil en el centro de la ciudad y la entrada a una cárcel.
Un testigo de Reuters vio a la policía antidisturbios deteniendo a los manifestantes, incluida una ministra religiosa de avanzada edad. Los manifestantes no ofrecieron resistencia y la policía los llevó con esposas de plástico.
"Acogemos con beneplácito el hecho de que el juez bloqueó algunas de las disposiciones de la SB 1070, pero (...) estamos persiguiendo una acción para anular el resto de la ley", dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros.
"Hoy seré un día peor que ayer, porque habrá más leyes en los libros, más herramientas para los policías", agregó.
Entre las medidas que no fueron afectadas por el mandato judicial y entraron en vigencia el jueves se encontraba un artículo que considera ilegal que conductores recojan jornaleros desde las calles y transportar o refugiar un inmigrante ilegal.
LEY IMITADA
Analistas dijeron que el fallo del miércoles podría "poner en pausa" legislaciones similares consideradas por republicanos en hasta otros 20 estados del país.
"Si la Corte Suprema retiene el mandato judicial, probablemente aguará cualquier posible legislación", dijo Mark Jones, un experto en ciencias políticas de la Universidad Rice en Texas.
En Estados Unidos, país de más de 300 millones de habitantes, hay alrededor de 10,8 millones de inmigrantes ilegales.
Decenas de jornaleros llegaron el jueves a buscar trabajo informal en Phoenix, a pesar de las nuevas disposiciones.
"No somos criminales, no le estamos haciendo daño a nadie (...) Queremos que la gente lo sepa", dijo Franco Escamilla, un trabajador indocumentado de México, mientras esperaba afuera de una tienda Home Depot de Phoenix.
